Política

Escándalo: Juez denunció dádivas a otro vinculado al socialismo santafesino y el kirchnerismo

La Cámara Federal de Casación Penal volvió a quedar envuelta en un escándalo por las denuncias cruzadas entre un juez y una secretaria de ese tribunal y las sospechas sobre otra jueza de ese mismo tribunal

Juan Carlos Gemignani

El camarista Juan Carlos Gemignani dispuso este jueves la detención de la secretaria de la Casación María Amelia Expucci porque desobedecía una orden de inventariar un televisor, computadoras, sillas y otros insumos enviados por el ex Ministerio de Planificación Federal al frente de Julio De Vido.

Mientras tanto, otra secretaria, Florencia Cionci, inventarió el material y labró un acta, con la que Gemignani denunció ayer ante el Consejo de la Magistratura a su colega del máximo tribunal penal del país, Ana María Figueroa por dádivas o cohecho.

El camarista, sin embargo, pasó de denunciante a denunciado, cuando la secretaria Expucci fue liberada por orden de Marcelo Martínez de Giorgi, el juez federal que había recibido la denuncia del camarista.

Según informó Hugo Alconada Mon para La Nación, Expucci denunció a Gemignani por presunta privación ilegal de la libertad agravada y declaró en Comodoro Py ante el juez Daniel Rafecas.

Gemignani cosechó además fuertes críticas, incluso desde la Asociación de Magistrados. “Un juez puede pedir una sanción, pero no un arresto”, indicó el vicepresidente de la entidad, Alejandro Supera, quien se solidarizó con Expucci y planteó que el Consejo de la Magistratura debería evaluar la actuación de Gemignani.

La actuación de Gemignani eclipsó así la denuncia que presentó contra su colega Figueroa, a la que acusó de aceptar el material que había ofrecido el entonces ministro Julio De Vido, a pesar de la oposición que los presidentes de las distintas salas de la Casación le había planteado durante una Junta de Superintendencia del máximo tribunal penal del país.

“Se le explicó -planteó Gemignani sobre Figueroa-, por su supino desconocimiento del Derecho, que ni el Poder Judicial de la Nación ni sus integrantes, en su carácter de funcionarios públicos, pueden recibir ningún bien de terceros (incluidos los integrantes de otros poderes del Estado), salvo que así se disponga previa decisión administrativa (y procedimiento licitatorio) o bien la Corte Suprema de Justicia, o bien el Consejo de la Magistratura”.

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