Caso Báez

Seguirá preso: confirmaron rechazo a la excarcelación de Jorge Chueco

Así lo determinó la Cámara Federal por considerar que el abogado de Lázaro Báez no estuvo a derecho por haberse fugado a Paraguay y podría entorpecer la causa de estar libre

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La Cámara Federal confirmó hoy el rechazo a la excarcelación de Jorge Chueco, el abogado de Lázaro Báez arrestado en Paraguay por estar sospechado de ser el cerebro del lavado de unos 33 millones de dólares a través de un depósito en una cuenta bancaria de Austral Construcciones SA, la empresa del empresario patagónico.

La Sala II de la Cámara, con la firma de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, confirmó la denegatoria de la excarcelación de Chueco, con procesamiento actualmente apelado y en trámite por el delito de lavado de activos.

El tribunal hizo hincapié que Chueco fue detenido en la República de Paraguay, país al que había ingresado eludiendo los controles fronterizos y en el que se identificó ante las autoridades bajo otro nombre, un día más tarde de firmarse el decreto del magistrado que dispuso su captura.

Por esa razón se consideró que no se presentó voluntariamente a estar a derecho sino todo lo contrario: se fugó a otro país en el que mantuvo una falsa identidad aún al ser detenido. Son esas circunstancias las que llevan “fundada y razonablemente a poner en duda su voluntad de someterse al proceso en el futuro”, se informó en Tribunales.

También se recordó que ya se había evaluado en el caso que la naturaleza económica de los delitos que en esta causa se investigan cobra una relevancia mayor en el análisis del peligro de fuga.

A criterio del tribunal, “no puede perderse de vista los montos involucrados y no recuperados aún que demuestran, en principio, la disposición de dinero con la que cuenta el grupo” -aún para el hecho por el que fue puntualmente indagado y procesado en esta ocasión-, con “la consiguiente posibilidad de manejar mayores relaciones económicas e influencias, también en distintos países, quienes eventualmente podrían prestarle auxilio”.

Con relación a la posibilidad de obstrucción, la Cámara Federal también señaló nuevamente que se verifica el riesgo de entorpecimiento de la investigación a partir de la constatación de que los ilícitos bajo proceso se llevaron a cabo “al amparo de las estructuras de poder en torno del Estado”, reflexión que no se limita a los otros únicos dos consortes de causa que se encuentran detenidos.

“Vale en esta ocasión recordar que la Procelac -Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos- recién acompañó a la causa en marzo de 2015 las actuaciones provenientes de la Unidad de Información Financiera formadas a raíz de los reportes de operaciones sospechosas libradas en junio de 2013 por los bancos privados por la operación por la que C. fue procesado (…) y que el banco oficial, el Banco Nación, en cambio, no encontró elementos que le generaran dudas para dar ese aviso”, se señaló.

Según se explicó, “lo expresado amerita ser investigado y por ello se habrá de ordenar la extracción de testimonios para el sorteo del Juzgado a intervenir. También en razón de que aún se encuentran bajo investigación otros hechos eventualmente relacionados al nombrado (entre los que se puede mencionar los relativos a (la financiera) SGI -vinculado a través de OACI SA de la que resultaba apoderado- y en los de la compra del campo El Entrevero en la República Oriental del Uruguay, según se testimonió”.

“Todas estas razones resultan pautas objetivas que determinan la convicción que concurren riesgos procesales para que el imputado continúe privado de su libertad, cuyo lapso a la fecha no resulta irrazonable”, afirmó la Cámara.

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