Crisis en Venezuela

Venezuela cerca de la hambruna: falta comida y se tensionan los barrios pobres

La ira por la falta de productos básicos creció tras una iniciativa de Nicolás Maduro para regular la distribución de alimentos. Cientos de personas tomaron ayer las calles de Catia, un barrio al Oeste tradicionalmente chavista

La situación se complica y crece la tensión social. “¡Y va a caer, y va a caer, este gobierno va a caer!” El clamor contra Nicolás Maduro, habitual en las protestas opositoras y en los sectores de clase media, se extendió también a las zonas más populares de Caracas.

Según detalla el diario La Nación, cientos de personas tomaron ayer las calles de Catia, un barrio al Oeste tradicionalmente chavista hasta la derrota en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, en reclamo de comida y con críticas al gobierno por el hambre que padecen.

Las protestas fueron precedidas en el Petare, una de las mayores villas de América latina, y en La Vega, donde una manifestación por comida terminó en graves disturbios a tiro limpio, con dos policías heridos.

Incluso en Antímano, considerada la parroquia más revolucionaria de la capital, la policía reprimió a sus habitantes con gases lacrimógenos. Saqueos, protestas y disturbios se repiten con mayor frecuencia por todo el país.

“En Catia, como en el resto de Venezuela, el pueblo tiene hambre y lo único que hace el gobierno es acentuar la crisis”, denunció la diputada Marialbert Barrios.

El mapa de la conflictividad social abarca casi todo el país. La protesta contra el desabastecimiento en Mérida terminó con tiros y gases lacrimógenos. En Sucre resultaron heridas 10 personas durante la represión.

En Tinaquillo, el pueblo de Cilia Flores, la primera dama, los manifestantes cortaron el tránsito por horas. “¡Tenemos hambre!”, gritaron con insistencia en El Tocuyo, mientras no muy lejos saqueaban un camión lleno de leche y carne.

La ira popular ante la escasez de alimentos se incrementó ante la última apuesta económica de Maduro: los polémicos Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), hoy en boca de todos. “Los CLAP llegaron para quedarse y ninguna oligarquía apátrida podrá acabar con ellos. ¡Todo el poder para los CLAP!”, clamó el presidente.

Este sistema de distribución de alimentos, controlado por el Ejecutivo y manejado por militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), las Unidades de Batalla Bolívar Chávez y por los consejos comunales chavistas, pretende repartir bolsas de comida casa por casa a precio regulado, “por la vía del socialismo”.

Y si el operativo se hace con un ministro, diputado o dirigente revolucionario para salir en la foto, mucho mejor.

Freddy Bernal, ex policía y nuevo jefe del Centro de Control y Mando del Estado Mayor para los CLAP, explicó que el Estado pretende regularizar la distribución de alimentos para todos.

“En ningún momento se van a destinar los alimentos a la red privada de comercialización: el 50% de la mercancía recibida será comercializada a través de sus redes y el 50% restante por los CLAP”, señaló.

Sin embargo, varias de las protestas se originaron después de que cientos de personas, tras aguardar durante horas la llegada de comida regulada, contemplaron cómo los militares se llevaban los cargamentos para entregárselos a los CLAP.

La inflación es tan disparatada (el FMI teme que los precios suban un 700% este año) que buena parte de la población sólo alcanza a pagar los alimentos subvencionados por el gobierno.

Hasta la irrupción de los CLAP, la gente esperaba horas en colas interminables para acceder a alimentos baratos. Pero desde hace días se desvían a los operativos de los CLAP, lo que dificulta aún más su compra.

“Lo único que van a distribuir es la escasez”, sentenció el politólogo Luis Vicente León.

Repudio a las agresiones

Los gobiernos de la Argentina, Brasil, Chile y Uruguay expresaron ayer su rechazo a los hechos de violencia en Venezuela, en los que fueron agredidos diputados opositores durante una manifestación, según un comunicado conjunto.

“Las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar el derecho a las manifestaciones pacíficas”, dice la nota, firmada por los cancilleres José Serra (Brasil), Susana Malcorra (Argentina), Rodolfo Nin Novoa (Uruguay) y Heraldo Muñoz (Chile).

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