Política

Vidal dio marcha atrás y “revisará” decreto que sanciona con prisión a periodistas

La gobernadora bonaerense firmó hoy un documento donde establecía penas de hasta dos años para quienes dieran a conocer la situación patrimonial de sus funcionarios públicos. En menos de 24 horas debió ir para atrás ante los cuestionamientos

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María Eugenia Vidal, aseguró esta tarde que “será revisado” el polémico decreto que establece prisión a periodistas que difundan información sobre la situación patrimonial de los funcionarios provinciales.

El decreto causó revuelo y bastaron menos de 24 horas para que Vidal diera marcha atrás. El documento prevé sanciones de hasta 2 años de cárcel a los periodistas que publiquen las declaraciones juradas integrales de los funcionarios bonaerenses, los directivos de empresas estatales y los jefes policiales.

El Decreto 116/16 fue firmado en marzo. Allí se dispuso que los funcionarios debían presentar dos declaraciones juradas: una resumida y otra integral. La norma dispuso que la primera es pública y que el anexo con los detalles patrimoniales de la segunda es reservado, pero no estipuló nada sobre la declaración integral en sí misma.

Vidal emitió hoy un nuevo decreto, el 647/16, en el que decidió que la declaración jurada integral es “secreta” y que quien divulgue esa información será reprimido con las penas previstas en los artículos 157 y 157 bis del Código Penal, es decir, entre un mes y dos años de prisión.

Sin embargo, tras las fuertes críticas, la gobernadora informó en su cuenta de Twitter que el acceso a la información patrimonial de ella y su gabinete “es público y para todos, en el marco de las leyes vigentes”, y recordó que en el mes de marzo resolvió “que todos los funcionarios y los cargos jerárquicos de las fuerzas de seguridad presentaran sus Declaraciones Juradas públicamente”.

Por su parte, el secretario de Legal y Técnica provincial, Julio Conte Grand, explicó que “la gobernadora me ha dado la instrucción de elaborar un decreto para eliminar las referencias normativas, entre el día de hoy y mañana será resuelto, será una anécdota”.

En este sentido, el Gobierno provincial afirmó en un comunicado que “a raíz de las dudas generadas” se derogarán los artículos 1, 2 y 7 del decreto publicado, “para despejar cualquier inquietud sobre el libre acceso a las declaraciones juradas, así como a cualquier otro asunto de interés público”.

“El decreto tal como está ahora no genera riesgo alguno al ejercicio de la prensa”, dijo el funcionario y aclaró que “hay dos dimensiones sobre la información patrimonial, una sintética, o resumida, que detalla todos los bienes que integran el patrimonio, esa es de libre acceso, hay otra más exhaustiva, de carácter de reservado por el secreto fiscal, con información confidencial sobre el lugar donde se encuentran los bienes, descripciones de cuentas, información financiera”.

La publicación del mencionado decreto se da en el marco de la polémica que generó, a nivel nacional, la inclusión de un artículo en la ley enviada en el Congreso para el pago de los juicios a jubilados, que dispone penas de prisión y multas económicas contra quienes divulguen información sobre el proceso de blanqueo de capitales propuesto por el Ejecutivo.

Puntualmente, por la incorporación en la redacción del artículo de la palabra “terceros”, que significaría un cercenamiento a la tarea del periodismo, aunque el propio presidente, Mauricio Macri, aseguró que se revisará el texto de la norma.

El artículo 157 del Código Penal establece que “será reprimido con prisión de un (1) mes a dos (2) años e inhabilitación especial de un (1) a cuatro (4) años, el funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos”.

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