Economía

Suspenden aumentos de tarifa de luz en provincia de Buenos Aires

Lo ordenó Luis Federico Arias, el juez en lo Contencioso Administrativo 1 de La Plata. La medida judicial comprende las subas otorgadas en las áreas donde prestan servicio las distribuidoras EDELAP, EDES SA, EDEA SA y EDEN SA

Novedades económicas para la Provincia de Buenos Aires. Luis Federico Arias, el juez en lo Contencioso Administrativo 1 de La Plata, ordenó suspender el tarifazo en las boletas de luz y justificó la medida en que no se celebró “la correspondiente audiencia pública con anterioridad a su aprobación”.

Según indica el diario Ámbito Financiero, la medida judicial comprende los aumentos otorgados en las áreas donde prestan servicio las distribuidoras EDELAP, EDES SA, EDEA SA y EDEN SA.

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El magistrado ordenó dejar sin efecto “la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios para la distribución del servicio público de energía, autorizados mediante Resolución N° 22 del Ministerio de Infraestructura y Servicios públicos de la Provincia”.

Además, solicitó que “se ordene a las empresas demandadas a abstenerse de aplicar la nueva tarifa a los usuarios del servicio público, efectuar una nueva liquidación y emitir nuevas facturas o, para el caso en que la nueva facturación no fuera emitida antes de los sucesivos y periódicos vencimientos, que la empresa admita el pago del servicio según el cuadro tarifario vigente con anterioridad al incremento establecido, sin que ello implique la alteración o interrupción del servicio”.

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Según el magistrado, la resolución oficial “vulnera el principio de participación ciudadana en los términos del artículo 42 de la Constitución Nacional, es decir, se traduce en una manifiesta lesión a derechos de incidencia colectiva de carácter individual homogéneo, al cercenar la posibilidad de que los individuos que conforman la sociedad se expresen e interpongan impugnaciones previas al aumento tarifario del servicio público, el cual resulta superior al 100%”.

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De esa manera, advirtió que “los usuarios se ven forzados a pagar en forma desproporcionada una tarifa de la que no han tenido, como ciudadanos consumidores, posibilidad de ser escuchados, conduciendo a un perjuicio económico desproporcionado e injustificado para todos los ciudadanos de la Provincia”.

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