Tragedia de Cromañón

Condenaron a cuatro años al inspector que habilitó Cromañón

Se trata de Roberto Calderini, quien autorizó el uso del predio en 1997, pese a haber encontrado irregularidades. El acusado, que aún trabaja para el gobierno porteño, dijo que no tuvo "nada que ver"

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El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3 condenó hoy a cuatro años y cuatro meses de prisión a un inspector del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por considerarlo culpable de los delitos de “falsedad ideológica en documento público en concurso ideal con cohecho”. Los jueces Gustavo Valle, Gustavo Rofrano y Miguel Ángel Caminos también lo inhabilitaron por 10 años para ejercer cargos públicos.

Según informó el sitio Fiscales.gob.ar, el fiscal Fabián Céliz había solicitado 6 años de prisión, mientras que la querella a cargo del abogado José Iglesias había solicitado una pena de 9 años.

En sus últimas palabras antes del fallo, cuyos fundamentos se conocerán el 4 de mayo, Calderini había asegurado “no tener nada que ver con el hecho” y les había pedido a los jueces “racionalidad”.
Habilitación pese a irregularidades

En 1997, Calderini aprobó la habilitación del local donde luego funcionaría el boliche “Cromañon”, a pesar de que tres meses antes había destacado varias irregularidades que no fueron corregidas en el inmueble.

Durante su exposición, Céliz había explicado que en el proceso de habilitación del local de Bartolomé Mitre 3060 se llevaron adelante tres expedientes dentro de la Dirección General de Registros y Certificaciones.

En el primero se decretó la clausura del local. En el segundo, del 14 de abril de 1997, fue donde intervino Calderini. Allí quedaron plasmadas varias de las irregularidades que presentaba el inmueble: la superficie era mucho mayor que la declarada, faltaban salidas de emergencias y había puertas que se conectaban con otros inmuebles, pese a que esto estaba prohibido para los locales de baile “clase C”. A la par de ese expediente, donde no se otorgaba la habilitación, surgió otro. Tres meses después, el 28 de julio de 1997, y a pesar de que el local tenía aún todas las irregularidades señaladas, Calderini firmó un informe en el marco de ese tercer expediente donde hizo constar que “podía accederse al otorgamiento de la habilitación”.

En 2014 Calderini dejó de trabajar para la Agencia Gubernamental de Control y pasó a desempeñarse en la Dirección General de Inspección del Uso del Espacio Público. Según la agencia Télam, todavía reporta al gobierno porteño.

Para el fiscal, recibió dinero de los accionistas de la firma “Lagarto”, que tenían a su cargo la administración del local. “Nadie mueve un dedo en ese ámbito gratis, son las dos caras de la misma transacción”, afirmó respecto a la falsificación del documento público y el cohecho.

“Las deficiencias en los controles en 1997 se ven volcadas en el 2004, lo que se habilitó ese año tiene una relación de causalidad con las muertes por la tragedia de Cromañon”, apuntó Céliz. Si bien aclaró que por los fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia y otros tribunales no podía endilgarle una participación en el delito de incendio seguido de muerte, sí afirmó que “la falta de habilitación hubiera evitado ese siniestro”. “Pese a las irregularidades, detectadas por el peritaje, bomberos y municipales, increíblemente el local permaneció habilitado sin control hasta el 30 de diciembre de 2004”, concluyó.

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