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Justicia porteña allanó domicilios de Uber y amenaza con bloquear la aplicación

Así lo informó Martín Lapadú, a cargo de la Fiscalía de la Ciudad; los operativos se hicieron en un estudio jurídico y una casa particular. El magistrado aseguró que a los choferes que presten el servicio pueden retirarles el registro de conducir

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La Fiscalía de la Ciudad, a cargo de Martín Lapadú, realiza dos allanamientos a la empresa Uber en una investigación de oficio por supuesta evasión impositiva y uso indebido del espacio público con fines lucrativos. Los operativos se llevan a cabo en un estudio jurídico y en una casa particular. 

Uno de los domicilios que se allanaron se ubica en los pisos 7 y 8 de Alem Plaza, un edificio ubicado en la avenida Leandro N. Alem 855. En esos pisos, están ubicadas las oficinas del estudio Rattagan, Macchiavello, Arocena & Peña Robirosa.

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“El fin de los operativos es el de secuestrar toda la documentación relacionada con la firma Uber, que permita comprobar la prestación no autorizada del servicio e individualizar a sus autores”, aseguró la Unidad de Investigaciones Complejas a cargo del Fiscal de Cámara de la Unidad Oeste, en un comunicado oficial.

El Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Fiscalía pudo localizar las direcciones de las oficinas en las cuales operaba la empresa. Con esa información, el fiscal solicitó a la jueza a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 16, María Fernanda Botana, la orden correspondiente para poder allanar las oficinas y de esta manera continuar la investigación.

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“Cuando el allanamiento finalice, podremos determinar si este estudio pertenece o no a la compañía”, aseguró Lapadú, en diálogo con el canal de noticias C5N. El fiscal también aseguró que podrían “bloquear” la aplicación, que continúa funcionando con normalidad en la ciudad de Buenos Aires y alrededores.

“Queremos encontrar documentación o elementos de prueba en las computadoras y archivos informativos para saber cómo es la metodología y el giro comercial”, dijo. En este sentido, dijo que los socios conductores de la aplicación también están implicados por el desarrollo de la actividad, y podrían tener una pena de inhabilitación por dos años del registro de conducir.

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La Policía Metropolitana y la Justicia comenzarán a buscar claves y soportes de archivos informáticos en la nube. “Estamos intentando comenzar a descifrar si se puede bloquear la aplicación”, completó.

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