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Gobierno de EEUU se une a Apple y rechaza la ley sobre el cifrado de datos

El proyecto normativo otorga a los jueces federales amplia autoridad para ordenar a las empresas de tecnología que ayuden a las autoridades

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La batalla que están librando las grandes compañías tecnológicas de EE.UU. contra las autoridades del país podría dar un giro inesperado. Según publicó Reuters, la Casa Blanca está en contra de la ley para regular la encriptación de datos digitales que prepara el Congreso.  

Tim Cook, CEO de Apple, recordó que la privacidad de los usuarios está por encima. Frente a esto, el FBI quiere sacar adelante una ley sobre el cifrado de datos.

Ahora, Barck Obama parece querer proteger la información cifrada y está disminuyendo su apoyo a un proyecto de ley que obligaría a Apple, Google y compañía a ayudar a “hackear” los datos cifrados de cualquier persona si un juez así lo solicitase.

En el momento en el que la Casa Blanca diga “no” al proyecto de ley que presentarán en las próximas semanas los senadores Richard Burr y Dianne Feinstein, el tema del cifrado, la privacidad y la seguridad seguirá sin resolverse. Justo en un momento en el que WhatsApp cifró su servicio y los empezaron los nervios para el FBI ante la posibilidad de no poder espiar más a través de la aplicación de mensajería instantánea.

Obama sugirió en un discurso el mes pasado que las fuerzas del orden necesitaban una forma de poder acceder a ese tipo de información encriptada en los “smartphones”.

El proyecto de ley otorga a los jueces federales amplia autoridad para ordenar a las empresas de tecnología que ayuden al gobierno, sin explicar con exactitud qué tendrían que hacer o las circunstancias en las que tendrían que ayudar, según Reuters. Tampoco se contemplan sanciones específicas en caso de incumplimiento.

Josh Earnest, portavoz de la Casa Blanca, aseguró el mes pasado que la administración de Barack Obama se muestra “escéptica” en cuanto a la capacidad de los legisladores para resolver el debate de encriptación.

Las compañías tecnológicas y asociaciones defensoras de las libertades civiles se opusieron desde el principio a la legislación del cifrado con el argumento de que socavará la seguridad para todos.

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