Android

Aprueban Android Auto para los vehículos que circulan en Argentina

Google autorizó la llegada a América Latina del sistema que integra el smartphone con el auto

androir auto

Google aprobó su plataforma que integra el celular con funciones de navegación y entretenimiento en vehículos para 10 países, entre los que figura Argentina junto a Austria, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, India, Panamá, Perú, Paraguay, Rusia, Suiza, Uruguay, Venezuela y Puerto Rico. 

Android Auto, la competencia de Apple CarPlay, permite vincular el teléfono con el centro de entretenimiento de los vehículos modernos. El usuario puede responder llamadas, buscar direcciones en Google Maps o controlar la música mediante el comando de voz, sin dejar de restar atención al camino ni soltar el volante.

Solo los vehículos de Australia, Canadá, Alemania, España, México y los EEUU contaban hasta ahora con Android Auto, lanzado a mediados del año pasado.

Con el objetivo de evitar la competencia y segmentación que existe en el mundo móvil, numerosos fabricantes planean hacer compatibles sus vehículos tanto con Android Auto como con Apple CarPlay. En esa lista se inscriben Ford, Toyota, Chrysler y General Motors.

Los autos compatibles con Android Auto son algunos modelos de Audi, Alfa Romeo, Buick, Bentley, Chrysler, Chevrolet, Cadillac, Citroën, Dodge, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Lamborghini, Land Rover, Maserati, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, SsangYong, Subaru, Suzuki, VW y Volvo, entre otras.

La lista de todos los modelos con Android Auto puede verse en la página oficial del producto.

COMPARTIR

REALICE UN COMENTARIO

Gran corrupción: Scioli y su entorno, más complicados por las causas judiciales

Son varios los frentes abiertos en los que la Justicia avanza sobre denuncias por posibles actos de fraude y lavado de activos a través de empresas fantasma

Vergüenza internacional: la Argentina fue excluida de las pruebas PISA

La organización cree que el gobierno de Cristina Kirchner modificó arbitrariamente los lugares donde se tomaron los exámenes para alterar los resultados