Economía

Más corrupción: Detectan pagos de $ 1.835 millones sin aprobación a empresas de trenes

Las irregularidades en los fondos que fueron destinados a la UGOFE fueron verificados por la AGN entre los años 2011 y 2012

trenes

El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner pagó $1.835 millones al servicio de trenes sin ninguna aprobación ni control. Estas irregularidades sobre los fondos destinados a la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia S.A (UGOFE S.A), al frente de la línea Roca, pudieron ser verificadas por la Auditoría General de la Nación (AGN). 

El organismo de control externo del Congreso que investiga las cuentas públicas, la AGN, elaboró un informe aprobado por el Colegio de Auditores, que integran representantes del oficialismo y la oposición, en el que concluyeron que se destinaron 1.835 millones de pesos, entre los años 2011 y 2012, a los servicios ferroviarios administrados y operados por UGOFE, sin rendición de cuentas.

La UGOFE era una unión de empresas privadas conformada por Metrovías, Trenes de Buenos Aires S.A. (TBA) y Ferrovías que hasta el año 2014 operó las líneas San Martín, Belgrano Sur, Roca y Mitre. Para esto, firmó un acuerdo de operación para prestar un servicio público y que la Secretaría de Transporte aprobara y controlara los gastos.

El Auditor General de la Nación, Alejandro Nieva, dijo al diario Clarín que el dato relevante es “la falta del rol activo del Estado. La Secretaría de Transporte no se había expedido sobre los 1.835 millones de pesos”. “El control del Estado no existió”, sentenció el funcionario.

El informe muestra que el 98 % de las contrataciones se realizaban con proveedores que pertenecen al grupo de UGOFE como Ferrovías S.A y Metrovías S.A. “Por ello era necesario llamar a licitación pública y realizar un registro de proveedores para garantizar la transparencia,” contó el auditor. Según el informe, la Secretaría de Transporte erogó alrededor de $144 millones en concepto de obras bajo este procedimiento.

Además, las rendiciones de cuentas demoraban entre cinco y nueve meses. Como también disminuyeron los gastos de mantenimiento, en parte por la discrecionalidad de UGOFE debido a que se utilizaron alrededor de $28 millones para cubrir costos operativos.

Tampoco se cumplió con el cupo correspondiente a personas con discapacidad establecido por la Ley N° 22.431 que regula el Sistema de protección integral de los discapacitados.

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