Caso Nisman

Estados Unidos interrumpió el intercambio de datos financieros por el caso Nisman

La unidad antilavado estadounidense cortó relaciones con nuestro país cuando sus contrapartes argentinos presentaron en la justicia y filtraron en los medios sin permiso un informe sobre las cuentas del fiscal Nisman en su país

nisman

Hace ya nueve meses, el gobierno de Estados Unidos frenó por completo la transmisión de datos de inteligencia financiera hacia la Argentina para evitar que se publicara información confidencial sobre el patrimonio del fiscal Alberto Nisman con el solo propósito destruir su imagen pública, una operación que el kirchnerismo llevaba adelante sin problemas.

Según informó Hugo Alconada Mon para La Nación, desde el corte en junio las autoridades de la unidad antilavado estadounidense (FinCen, por sus siglas en inglés) no envían ningún dato a su contraparte local, la Unidad de Información Financiera (UIF), entonces liderada por José Sbattella.

Y es que en Washington, lugar de los dires y diretes del poder estadounidense, consideran que la publicación de información sensible es un pecado capital, uno en el que el kirchnerismo no tiene problema en incurrir: en 2009, en plena campaña electoral, datos de inteligencia de la FinCen sobre Francisco de Narváez -por entonces candidato opositor- terminó en el diario Página 12. Entonces también se cortó la comunicación con la unidad local, entonces a cargo de Rosa Falduto.

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Después de 3 años y medio de esfuerzos diplomáticos, la FinCen restableció su cooperación entre fines de 2012 y principios de 2013.

Pero en 2015, la FinCen envió a Buenos Aires datos sobre una cuenta sin declarar en el banco Merrill Lynch a nombre del fiscal, su madre, Sara Garfunkel, y su hermana Sandra, y se repitió la filtración.

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Sbattella y el entonces número dos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex SIDE), Juan Martín Mena, se presentaron ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral y le entregaron toda la documentación. Casi en simultáneo, esa información “secreta” se publicó en todos los medios.

La entrega de esos y otros datos al juez Canicoba Corral y su posterior filtración se produjo, además, pese a una orden explícita del Departamento de Justicia, que no autorizó la judicialización del informe de FinCen.

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Mediante un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que el Departamento de Justicia “contestó por correo electrónico que no se brindaba la autorización para aportar la información de FinCen” en Tribunales. Mucho menos, a la prensa.

Ya con Sbattella fuera de la UIF, y ahora investigado por la presunta manipulación política del organismo, su reemplazante al frente de la unidad antilavado, Mariano Federici, intenta ahora restablecer el intercambio de información mientras que no descarta radicar una denuncia contra Sbattella por la presunta violación del secreto que impone la legislación.

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