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Di Césare, complicado: Allanan locales de PAMI por “venta” de remedios a afiliados fallecidos

Así lo ordenó el juez que investiga este caso, Sebastián Casanello. Se estima que este negociado le habría costado a la obra social unos $1500 millones

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Por decisión del juez federal Sebastián Casanello, ayer allanaron las 10 unidades de gestión local que el PAMI tiene en Capital, por la causa en la que se investiga una supuesta red que vendía medicamentos a afiliados que estaban muertos. 

El magistrado ordenó que agentes de la Policía Federal se llevaran computadoras, expedientes y documentación que esté relacionada con los muertos que aparecían en el padrón del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Según la denuncia del organismo a cargo de Carlos Regazzoni, le habrían costados unos $1500 millones a la obra social.

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Regazzoni presentó la denuncia a principio de mes contra la anterior administración que dirigió hasta diciembre el kirchnerista Luciano Di Cesare, el estafa habría ocurrido con los medicamentos para diabéticos.

Fuente de la obra social detallaron al diario La Nación que “como en la demanda denunciamos que había muertos que figuran como vivos, la Policía Federal vino a buscar esos datos”.

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“Detectamos 7500 personas fallecidas que aparecen con la compra de medicamentos. Y esto pasó porque no hubo controles internos, no se cruzaba el padrón de afiliados con el registro de fallecidos, había médicos que fraguaban las recetas o les fraguaban las recetas y en muchos casos había connivencia de las farmacias”, le había explicado Regazzoni a Clarín días después de presentada la demanda. El funcionario detalló que esos medicamentos eran revendidos a clínicas y farmacias.

Tras siete años con Di Cesare al frente del PAMI, el organismo quedó con una deuda de $ 5000 millones y un déficit operativo de $ 200 millones mensuales.

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Además, el ex titular también se encuentra procesado por irregularidades en la suscripción de letras del tesoro por más de $ 2000 millones, cuando no podía hacer frente a la atención de los jubilados por falta de dinero. Anteayer, la Sala II de la Cámara Federal Penal porteña confirmó el procesamiento y ratificó el embargo de $ 1 millón que le había impuesto el juez Claudio Bonadio.

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