Milagro Sala

El gobierno jujeño será querellante en la causa contra Milagro Sala: buscan penas de hasta 10 años

El fiscal advirtió que la causa por "asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión" prevé penas de una década

Milagro Sala

El gobierno jujeño buscará esta semana convertirse en “querellante” en la causa por “asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión” abierta contra la jefa de la Tupac Amaru, Milagro Sala, y otros por irregularidades en el destino de fondos nacionales girados a cooperativas para construir viviendas.

Así lo reveló el fiscal de estado de Jujuy, Mariano Miranda, quien además advirtió que las penas previstas en el Código Penal para el delito de asociación ilícita pueden reportarle “unos diez años de prisión” a los imputados si son hallados culpables y podrían devenir en detención “de cumplimiento efectivo” si tuvieran otras causas penales.

En tanto, la justicia que retomará a partir de mañana su ritmo habitual tras la finalización de la feria de verano tendrá que definir si el juez Gastón Mercau sigue al frente de la investigación de las causas por asociación ilícita y la de instigación al delito que se instruyen contra Sala, quien está detenida desde hace dos semanas.

El fiscal Miranda aseguró en las últimas horas al canal de noticias TN que esta semana “nos constituiremos en querellantes para poder aportar nuevos elementos probatorios (en la causa por asociación ilícita) y poder determinar quién se ha quedado con esos fondos públicos”.

En esa investigación, además de Sala está imputadas 18 personas, tres de las cuales también fueron detenidas entre ellos dirigentes de cooperativas y ex funcionarios del gobierno del peronista K Eduardo Fellner.

Miranda remarcó que “sabemos que algunos cooperativistas fueron obligados a endosar los cheques por distintos montos” para que los supuestos integrantes de la asociación ilícita pudieran quedarse con el dinero.

“A veces usaban una institución ajena a la Tupac Amaru para poder transferir los dineros”, resaltó.

El fiscal indicó que el delito penal de asociación ilícita tiene como “pena más servera diez años de prisión si recayera sobre ellos una condena y si se suma con otras causas, sería de cumplimiento efectivo”.

Si bien el gobierno había denunciado a Sala, quien también es diputada electa por el Parlasur por “asociación ilícita” y “fraude a la administración pública”, la fiscal penal Liliana Fernández de Montiel amplió la imputación por los testimonios de los cooperativistas que dieron detalles sobre las maniobras.

En principio, la fiscalía intenta determinar el destino de unos 29 millones de pesos que el Instituto de Vivienda de Jujuy había derivado a cuatro cooperativas ligadas a la Red de Organizaciones Sociales.

Por esta causa, esta detenido el ex vocal del Instituto de la Vivienda de Jujuy, Pablo Tolosa, y la ex jefa del Departamento Administrativo Contable, Marta Gutiérrez, quien autorizaba los pagos a obras, por pedido de sus superiores.

El actual presidente del IVJ y hermano del gobernador Gerardo Morales, Walter Morales, ratificó la irregularidade de las maniobras al señalar que “no es que tenemos sospechas, estamos convencidos de que fue así”.

“Entregamos las pruebas a la justicia y son irrefutables”, acotó en diálogo con la prensa jujeña.

En tanto, los abogados de Sala esperan para esta semana que la justicia responde al último pedido de excarcelación que presentaron el viernes para lo cual presentaron como fianza una casa ubicada en la localidad de San Antonio.

DyN

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