Judiciales

Fiscal Caamaño confirmó que escuchas judiciales seguirán en Procuración al menos hasta febrero

El Gobierno publicó ayer en el Boletín Oficial un decreto de necesidad y urgencia (DNU) por el cual dispuso sacar la DICOM de la Procuración y ponerla en la estructura de la Corte

cristina caamaño

El Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM), el organismo encargado de gestionar las escuchas telefónicas ordenadas por jueces en causas penales, permanecerá por lo menos hasta febrero en la órbita de la Procuración General de la Nación, confirmó hoy la fiscal Cristina Caamaño.

“La oficina sigue a mi cargo. Ese lugar trabaja los 365 días del años las 24 horas, no para nunca, así que continuará igual hasta que la Corte Suprema se decida a tomar el lugar”, explicó Caamaño a la agencia de noticias DyN. 

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El Gobierno publicó ayer en el Boletín Oficial un decreto de necesidad y urgencia (DNU) por el cual dispuso sacar la DICOM de la Procuración y ponerla en la estructura de la Corte.

Ello implicaba el inmediato cese de la fiscal Caamaño al frente de la repartición, y la designación de nuevas autoridades por parte del máximo tribunal.

Pero la Corte replicó, mediante una Acordada, que “para poder dar cumplimiento a lo previsto en el decreto referido es necesario crear y organizar una estructura apropiada con responsables jerárquicos idóneos destinada a controlar la tarea del personal y el funcionamiento del área que se pretende transferir así como para autorizar, firmar o suscribir los oficios a las empresas responsables de ejecutar las derivaciones de las comunicaciones”.

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“El Tribunal entiende que no es posible llevar delante de inmediato esa misión”, resolvieron los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, al postergar el traspaso hasta el 15 de febrero próximo.

La fiscal Caamaño anticipó que objetará la validez del decreto que dispuso el traspaso, argumentando que es “inconstitucional” ya que se refiere a cuestiones penales, y los DNU tienen vedado inmiscuirse en esos temas.

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La Corte, en su Acordada, dejó abierta la posibilidad de que el DNU pudiera ser considerado inválido.

“Lo anteriormente expresado lo es sin perjuicio de la evaluación que esta Corte pueda efectuar sobre la validez del decreto 256/2015 en ejercicio de sus facultades constitucionales”, sostuvieron los jueces de la máxima instancia.

Fuente DyN

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