Judiciales

Fiscal Sáenz: “No me sorprende que estén diciendo que Gils Carbó debe renunciar”

En una entrevista con Nexofin, el Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal acusó a la Procuradora de haber armado "un Ministerio Público paralelo con militantes" y propuso que el ente "debe volver a la legalidad"

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Por Matías Ferrari, jefe de Redacción

“Hay que entender que haber jugado políticamente en la forma en que jugó Gils Carbó durante tres años, provoca ahora que se la esté juzgando políticamente”, explicó Ricardo Sáenz, fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

El magistrado recibió este viernes a Nexofin en su despacho en la calle Viamonte y se refirió a la decisión de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, de mantenerse en el cargo, en caso de una victoria de Cambiemos en las próximas elecciones.  

Sáenz aseguró que el “error que cometió Gils Carbó fue enrolarse políticamente” detrás del Gobierno Nacional. “Lo que se quiere es ocupar espacios y buscar impunidad para el Gobierno que se va. Y creo que es eso lo que le hace perder legitimidad a su gestión y por eso creo que está tan cuestionada”, analizó el vicepresidente de la Asociación de Magistrados.

Al referirse a la decisión tomada en el espacio Cambiemos, desde donde adelantaron que pedirían la renuncia de la Procuradora, en caso de ser Gobierno, Sáenz señaló: “Si hubiéramos tenido un Procurador que no jugara al lado del Gobierno que sale, a ningún gobierno próximo se le ocurriría removerla. Pero como se manejó como si fuera un ministro del Poder Ejecutivo, en el imaginario de la política está la idea de que se tiene que ir también”.

Entre sus propuestas, Sáenz expuso que el Ministerio Público Fiscal “debe volver a la legalidad”. “Yo quiero un Ministerio Público moderno, pero quiero garantizarle al ciudadano que el fiscal está antes del hecho”, para evitar que los magistrados sean asignados a causas a dedo, por decisión de la Procuración.

Entrevista completa

¿Considerás que un cambio en el Poder Ejecutivo puede implicar cambios en la Justicia?

Yo creo que sí porque al ser un país muy presidencialista, siempre tuvo influencia la asunción de un nuevo gobierno, más si cambia un signo político o una forma de ejercer el gobierno, como yo creo que va a pasar. Esto siempre tiene una repercusión en la Justicia. Si bien la Justicia no sigue lineamientos del Ejecutivo, porque no debe ser así; sí creo que sigue líneas políticas. Es como si dijera que viene un presidente que pone el acento más en perseguir el delito y en salir de este discurso garantista, yo creo que una parte de la Justicia empezaría a ir por ese lado.

La agrupación Jusiticia Legítima tuvo un papel importante en los últimos años. Y con el cambio en el Ejecutivo, ya sea Macri o Scioli, implicaría un cambio político fuerte. ¿Cómo avizorás el futuro de esta agrupación?

Justicia Legítima fue el verdadero partido judicial de esta época, a pesar de que la Presidenta se encargó decir en varias cadenas nacionales que la Asociación de Magistrados era un partido judicial. Como vicepresidente de la Asociación puedo decirte que jamás podríamos armar un partido porque ni los que integramos el consejo directivo pensamos igual. El verdadero partido judicial es Justicia Legítima porque sí piensan todos igual, porque todos tiran hacia el mismo lado y extrañamente en 33 años que estoy en la Justicia, nunca vi un grupo de magistrados, jueces, fiscales y defensores que se pongan a militar abiertamente a favor de un gobierno.  Esto no lo vi nunca, no tiene precedentes. Y lo que sí creo que va a pasar es que con el tiempo Justicia Legítima va a desaparecer porque para mí el reclamo que ellos hacen pierde todo sentido cuando se acabe la épica, el relato y todo lo que tiene el Gobierno de Cristina Fernández. Incluso, mucha gente va a volver, van a llamar, van a decir “vos sabés como era esto, yo tenía que ganar ese concurso, pero no pienso como ellos”. Esto ya está pasando incluso ahora.

¿Qué papel creés que jugó Gils Carbó al apoyar esta agrupación judicial?

Yo creo que el error que cometió Gils Carbó fue enrolarse en una cuestión netamente política. Yo fui uno de los que apoyó su nominación. Cuando la proponen, nos pareció bien que fuera un fiscal, pero nunca pensamos que iba a tomar una dimensión política en este sentido y jugarse por una agrupación. Y la verdad es que quedó embretada en defensas políticas del Gobierno que a nivel individual no podía defender nunca. Porque Justicia Legítima terminó emparentada a los que pasó con la causa Ciccone de Boudou, con la denuncia de Nisman y ellos quedan metidos en el medio. En una parte uno puede ser inocente, pero cuando uno entiende, pasa a ser responsable también. Y son las consecuencias que ahora se le empiezan a pasar.

¿Cómo evaluás la gestión de Gils Carbó al frente de la Procuraduría?

Si lo tuviese que describir rápido, te diría que arranca armando estructuras que se llamaron procuradurías con fiscales subrogantes que no eran fiscales. Ahí ya tiene el primer problema: Gils Carbó tiene una causa en trámite federal donde está imputada de haber violado la ley de Ministerio Público al haber creado una fiscalía nueva sin ley del Congreso. Y, además, poniendo a secretarios que no eran fiscales como si fueran fiscales subrogantes. Entonces empezó a cambiar el rumbo y empezaron a ubicar a estos secretarios que ellos querían como fiscales en concursos para que sean fiscales. No importaba dónde sea el concurso, necesitaban que le dieran la resolución del Senado para después ubicarlo donde ellos quisieran por resolución. Eso fue un blanqueo de los secretarios para transformarlos en fiscales. Y el último de los blanqueos fue transformar esas procuradurías creadas por resolución, en procuradurías creadas por ley, que es la Ley del Ministerio Público aprobada hace dos meses.

Este es más o menos el proceso por el cual se quiso hacer un Ministerio Público paralelo: abundan fiscales militantes de Justicia Legítima y se repiten los nombres de los fiscales que están como jurado en los concursos. Yo tengo 22 años de fiscal de Cámara y nunca me llamaron a ser juez de un concurso de fiscales de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que se quiere es ocupar espacios y buscar impunidad para el Gobierno que se va. Y creo que es eso lo que le hace perder legitimidad a su gestión y por eso creo que está tan cuestionada.

¿Considera que los pedidos de renuncia en su contra están justificados?

Si bien es obvio que la Procuradora tiene una legitimidad de origen porque fue nombrada por el Senado, hay que entender que haber jugado políticamente en la forma en que jugó durante tres años, provoca ahora que la política la esté juzgando políticamente. Si hubiéramos tenido un Procurador que no jugara al lado del Gobierno que sale, a ningún gobierno próximo se le ocurriría removerla. Pero como se manejó como si fuera un ministro del Poder Ejecutivo, en el imaginario de la política está la idea de que se tiene que ir también. Y ella tiene razón en decir que se quiere quedar y que sólo se la puede remover por juicio político. Pero a mí no me sorprende que desde la política estén diciendo que debería renunciar. Esto ocurre porque jugó políticamente, entonces la están, de alguna manera, juzgando políticamente.

¿Y qué tipo de decisiones creés que se deben tomar en el Ministerio Público, en caso de un eventual recambio en la Procuración, aunque Gils Carbó aseguró que seguiría al frente, pese a un cambio en el signo político del Ejecutivo?

Yo lo vengo diciendo hace un tiempo: para mí lo que hay que hacer con el Ministerio Público es volver a la legalidad. Hay que desarmar esta estructura de fiscales paralela y volver al fiscal de la fiscalía. Y cualquier estructura que yo quiera armar de narcotráfico, de lavado de dinero, de trata de personas, de todo un montón de temas que son importantes, tienen que ser oficinas que asesoren al fiscal natural de la causa que le toca el expediente por sorteo o por turno. Esa es la única garantía para que a un ciudadano no le puedan designar al fiscal después del hecho. O sea, así como hay una garantía en la Constitución que marca que el juez debe ser asignado antes del hecho, el fiscal, si bien no está en la cláusula constitucional, debe existir la garantía para que al fiscal no lo pongan después del hecho. De esta manera se evitan hechos en los que se designa a dedo qué fiscales van a estar al frente de las causas. El fiscal debe estar por turno o por sorteo asignado y esa es la única forma transparente de designación. Así es como yo me imagino al Ministerio Público.

Nos quieren convencer, y no lo están logrando, de que si vamos hacia un Ministerio Público más ágil, eso debe funcionar con alguien que decide desde arriba quién va a ser el fiscal en cada causa. Y eso no es así: yo quiero un Ministerio Público moderno, pero quiero garantizarle al ciudadano que el fiscal está antes del hecho. Eso para mí es volver a la legalidad.

En los últimos días, sonó fuerte la propuesta de transferir competencias judiciales de la Nación a la Ciudad. ¿Qué opinión te merece la iniciativa?

Desde que se definió a la Ciudad de Buenos Aires como territorio autónomo y con su propia administración de Justicia, lo que se ha ido haciendo es traspasándole competencias penales. Ya hubo dos convenios que recibieron el aval del Congreso y de la Legislatura porteña, y ahora hay un tercer traspaso, que aprobó el Congreso y falta la aprobación de la Legislatura. Falta porque es un traspaso de tanta competencia que la Ciudad está viendo la creación de nuevas estructuras y cómo hacer presupuestariamente para soportar eso. Y ahora frente a la posibilidad de que el Gobierno Nacional esté con el mismo signo político que el de la Ciudad, en caso de que gane Macri, todos están a la expectativa de ver si después se hace un traspaso más ordenado de estructuras. De esta manera, se podría hacer que la Justicia Ordinaria de la Capital pase a ser de la Ciudad Autónoma, incluido el tema de las comisarías de la Ciudad.

¿Considerás  posible que la Justicia porteña también termine entendiendo en delitos federales como corrupción o narcotráfico, temas que hoy están en manos de doce jueces federales?

En un cambio de ciclo, de viento político, creo que se va a poder debatir entre todos, sin pelear, sin agraviarse y se pueda discutir realmente. Como señalás, hay proyectos que proponen que si se da el traspaso de la Justicia Ordinaria al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, los jueces que queden en la Capital también sean federales y puedan entender en causas de corrupción. Esto está dando vueltas como proyecto, creo que no es malo, pero todo tenemos que someterlo a un consenso y no querer imponer.  Creo que hay que terminar con la forma en la que se implementó el nuevo Código Civil y Comercial y hacer las cosas de manera más racional y con mayor consenso.

Cambiando de tema. Hubo un caso muy mediatizado que es el del juez electoral de La Plata, Laureano Durán. La Corte en su fallo resolvió apartarlo. ¿Cuándo se daría este reemplazo y quién podría reemplazarlo?

Están viendo hasta cuándo dejarlo, si lo dejan hasta el balotaje. Tengo entendido que va a quedar por lo menos hasta terminar con el proceso electoral. Lo que hicieron con Durán fue violar el régimen anterior a la nueva ley de subrogancias. Ese régimen decía que tenían que ser jueces, y si no había jueces en la jurisdicción en condiciones de subrogar, se podía elegir entre secretarios que habían participado de algún concurso y estuvieran más o menos calificados. Había un concurso de secretarios en el que estaban el cuarto y quinto lugar ocupados por secretarios de La Plata y Durán estaba veintipico, pero además lo que estaban incumpliendo la regla de que había jueces en La Plata para subrogar. Es decir, en La Plata hay cuatro juzgados electorales. En el momento en el que nombran a Durán había dos vacantes y dos con jueces permanentes. Cada uno de ellos subrogaba uno de los juzgados vacantes. Al Gobierno se le ocurrió que tenían que poner a Durán como juez electoral cuando se murió Blanco y resolvieron eso. Y lo que la Corte dijo es que es algo absolutamente discrecional. Entonces, van a terminar con un juez permanente. Lo que pasa es que en este período fue nombrado en La Plata como juez Ernesto Kreplak, que ya demostró su condición de militante: era subsecretario en el Ministerio de Justicia, participó activamente en el jury de Campagnoli para echarlo. Y seguramente sea quien luego reemplace a Durán.

¿Considerás que la designación de los dos jueces de la Corte Suprema debe realizarse durante este Gobierno, o debe ser misión del próximo?

Yo creo que es función de un Presidente nuevo. Y tal es así que 28 senadores de la oposición firmaron un acuerdo asegurando que ellos no iban a tratar en estas condiciones nuevos pliegos de jueces de la Corte hasta que cambiara el Gobierno. Hay cuestiones del espacio político que tienen una lógica: hay que recordar que como estos jueces requieren dos tercios del Senado como acuerdo, en realidad, lo más legítimo es respetar la relación de fuerzas que surja de la última elección. O sea, los senadores que van a asumir el 10 de diciembre, en un tercio que se renovó, demuestra la nueva fuerza que la sociedad le quiere dar a la política. Entonces, considero, que esos son los que tienen que tenerse en cuenta, sino vos estás haciendo una elección vieja.

Por otra parte, creo que nadie a los 33 años tiene el suficiente aplomo como para ser juez de la Corte (en referencia a Roberto Carlés, propuesto por el Ejecutivo). El pliego no funcionó, y ya de salida, con una primera vuelta electoral ya hecha, sugerir dos personas para la Corte termina llevando a la oposición a adelantar que no lo van a tratar. O sea, o creo que es una negociación política lo que va a haber a partir de diciembre.

¿Cómo creés que seguirá la causa de fondo sobre la constitucionalidad, o no, del Pacto con Irán, a días del apartamiento del juez Gemignani?

La ventaja de esto es que la causa de fondo, al ser de un tema netamente federal, va a llegar a la Corte. Algún día, que esperamos sea próximo, la Corte se va a pronunciar y va a zanjar la discusión. Yo creo que el Pacto es absolutamente inconstitucional, no tiene ninguna explicación, ni estratégica ni nada. Creo que la única explicación que tiene el Pacto es la interpretación que le dio Nisman en su denuncia. Es decir, el Pacto es un encubrimiento del atentado a la AMIA. Y tal es así, que la movida que hicieron en la Cámara de Casación antes del fallo de la Corte, pone en evidencia el tamaño de preocupación que tiene el Gobierno en esta causa.

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