Política

Gobierno acusó a CIDH de ejecutar una “burda operación política-mediática” para “interferir en proceso electoral”

El canciller Héctor Timerman y el ministro de Justicia, Julio Alak, repudiaron la audiencia del organismo de la OEA con ONG's, que acusaron al Ejecutivo de violar la independencia del Poder Judicial

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El Gobierno denunció el viernes que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, con entes civiles que vinculó con la oposición y el Grupo Clarín, ejecutaron una “burda operación política-mediática” para “interferir en el proceso electoral” del país, y hasta los acusó de querer “alterar la democracia argentina”. 

Lo dijeron en la Casa Rosada el canciller Héctor Timerman y el ministro de Justicia, Julio Alak, al repudiar la audiencia de la CIDH donde organizaciones no gubernamentales acusaron al Gobierno de Cristina Fernández de violar la independencia del Poder Judicial.

Las ONG’s, Poder Ciudadano y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), denunciaron por su lado que “pese a estar convocado, el Estado argentino decidió no participar”, y que “Timerman envió a la CIDH una carta con un pedido oficial para que la audiencia fuera cancelada, bajo el argumento de la coyuntura de sensibilidad política que atraviesa la Argentina en víspera de las elecciones generales”.

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Tras la audiencia, Timerman leyó un comunicado que envió a la OEA y Alak anunció una denuncia en la Justicia Federal Electoral para que “investigue” si fue “una forma encubierta de violar la veda electoral” para perjudicar a los candidatos oficialistas.

“El Gobierno se opuso” a la audiencia “en esta fecha”, admitió Alak, porque “es una forma encubierta de violar el Código Electoral atentos que estamos en época de veda electoral y ha sido pensada como una manera de impactar negativamente en la opinión pública sobre el accionar de nuestro gobierno”.

Por ello pidió “a la Justicia Federal con Competencia Electoral que investigue si los argumentos” de convocatoria de la audiencia “son de urgencia que merecían ser tratados dos días antes de que los argentinos se expresen en las urnas, u obedece a una planificación para violar desde el exterior la veda electoral que rige para todos los argentinos”.

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Y Timerman denunció una “injerencia en asuntos internos del país” por parte de la CIDH de la OEA. La audiencia sobre ‘Situación de la independencia judicial en la Argentina’, “fue una burda operación política mediática para interferir en el proceso electoral argentino orquestado por sectores vinculados a la oposición y al grupo Clarín”.

Lamentó que “la Comisión, que tanto ha hecho en su función principal de promover la defensa de los derechos humanos durante las dictaduras cívico-militares que asolaron el continente, hoy no acompaña con la misma sabiduría, convicción y criterio los procesos democráticos en América”.

“Sería muy grave si decidió a sabiendas igualmente participar de la operación mediática contra el Gobierno argentino”, agregó el canciller. Enseguida denunció que “los solicitantes de la referida audiencia actúan como voceros de operadores políticos con intereses concretos en la elección del domingo 25”.

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Acusó a la diputada del PRO Laura Alonso, ex directora de Poder Ciudadano; Germán Garavano, ex Fiscal General de la Ciudad, y Alvaro Herrero “asesor del candidato opositor Sergio Massa y miembro de Poder Ciudadano”. A ellos sumó a Alejandro Carrió, “abogado del grupo Clarín y vicepresidente de la ADC”, y a Nicolás Ducoté, “Subsecretario de Asuntos Públicos del Ministerio de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la actual gestión del candidato presidencial Mauricio Macri (PRO), referente y miembro del Consejo de Fundadores de CIPPEC”.

Timerman fue más allá: “Este penoso episodio llevado adelante por personas y medios que buscan alterar la democracia argentina no logrará su objetivo de alcanzar con este tipo de acciones empañar el camino de la democracia elegido por los argentinos”.

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