Política

Tras estar asociada a Clarín, el Gobierno busca sacarle frecuencias y perjudicar el servicio de Nextel

El organismo a cargo de regular el mercado de las telecomunicaciones busca decidir la caducidad de una serie de bandas usadas por la compañía en un intento de golpe al grupo que compró el 49% de la empresa de telefonía móvil

nextel

Hace diez días, se conoció el desembolso de 167 millones de dólares que el Grupo Clarín hizo para quedarse con el 49% de la empresa de telefonía móvil Nextel. El socio minoritario, que cuenta con el 40% de las acciones de la empresa, el mexicano y titular del Grupo Fintech, David Martínez, se opuso a la operación, pero al no contar con posibilidad de veto en el directorio no pudo hacer nada. 

Clarín tiene la opción de comprar el 49% restante según una cláusula del acuerdo alcanzado. Mientras tanto, el gerenciamiento y el control se mantienen en manos de NII Holdings, la casa matriz de Nextel, que acaba de levantar su quiebra en Estados Unidos.

Por su pare, el Gobierno intenta anular el ingreso del Grupo en Nextel. Es por ello que ahora apunta a reducir la calidad del servicio que la operadora de telefonía móvil ofrece a cerca de dos millones de clientes en el país. El objetivo es complicar las prestaciones de la compañía, según informó el Cronista Comercial.

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En este marco, esta tarde se llevará a cabo una reunión del directorio la a Autoridad Federal de Tecnologías de la información y las Comunicaciones (Aftic) y en agenda de temas sobresale la discusión por el tratamiento de una serie de frecuencias en manos de varias operadoras.

Según El Cronista, los tres directores designados por el Gobierno buscarán votar la caducidad de varias frecuencias que utiliza Nextel en una gran cantidad de localidades del país.

La semana pasada, los mismos funcionarios intentaron llevar a cabo la misma maniobra que, de concretarse, perjudicará seriamente el servicio y por ende las comunicaciones de los clientes de esta compañía que se hizo de dichas bandas a través de la compra de empresas competidoras que vino realizando desde hace por lo menos 20 años y también por presentaciones en varias licitaciones de espectro. Se trata de frecuencias de trunking en las bandas de 800 MHz y de 470 MHz que el presidente de la Aftic, Norberto Berner, y los dos directores que responden al Poder Ejecutivo, Nicolas Karavaski y Federico Bekerman, intentarán concretar esta decisión. Por su parte, los representantes de la oposición Miguel Angel Giubergia y José Asad Peluc rechazarían de plano esta posibilidad.

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Los directores designados por el Gobierno intentarán bajar varias frecuencias de Nextel. Según informó el mencionado portal, los directores oficialistas fundamentarán la caducidad de las frecuencias asignadas a Nextel en la letra del artículo 10.2 del Anexo IV del decreto 764/2000 que establece que las nuevas autorizaciones que se otorguen para el uso del espectro radioeléctrico, destinadas a la prestación de servicios o soporte de red de los mismos, “en ningún caso tendrán un plazo de vigencia inferior a cinco años, y en concordancia con el procedimiento de asignación por esta norma se aprueba. Vencido dicho plazo, la autoridad de aplicación podrá extender la vigencia del mismo, por otro similar y sucesivo”.

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De acuerdo a voceros que siguen de cerca la guerra entre Clarín y el Gobierno, los directores de la Aftic que responden a la agrupación de militantes La Cámpora argumentarán que los plazos legales están vencidos y que, por consiguiente, el organismo aplicará la facultad que le brinda el decreto antes nombrado para no prorrogar el plazo de vigencia de esas frecuencias.

También se especula que para evitar que los usuarios de Nextel se queden sin servicio y que los empleados de la compañía mantengan sus puestos, las frecuencias vacantes serán adjudicadas en forma directa a ArSat.

Para llevar a cabo este traspaso utilizarán otro decreto, el 2426/2012. Uno de sus artículos permite a las autoridades de aplicación asignar en forma directa frecuencias a organismos nacionales, entidades estatales y entidades con participación mayoritaria del Estado nacional.

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