Política

Investigarán a Antonio Caló por lavado de dinero en la UOM

El Tribunal Oral en lo Penal Económico 2 decidió abrir una investigación contra el titular de los metalúrgicos y líder de la CGT oficialista, luego de que se condenara al ex jefe del área jurídica de la UOM por intentar sacar 800 mil dólares del país de manera ilegal

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La Justicia ordenó hoy abrir una investigación penal por presunto lavado de dinero contra el jefe de la CGT oficialista y de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, y el secretariado nacional del gremio. 

La decisión fue tomada por el Tribunal Oral en lo Penal Económico 2 (TOPE 2) luego de condenar a un año y nueve meses de prisión a Segundo Pantaleón Córdoba, ex jefe del área jurídica de la UOM, por intentar sacar del país 800 mil dólares que llevaba escondidos en su auto, informó DYN.

El acusado declaró que todos los meses, “en prolijos sobres marrones”, el Instituto de Seguros SA -de Julio Reale, empresario de íntima confianza del metalúrgico Lorenzo Mariano Miguel- enviaba a la UOM el dinero para las autoridades del gremio y él. La cifra era de 20 mil dólares, un 20 por ciento de la recaudación de seguros de vida y sepelios.

Para el Tribunal, Córdoba intentó lavar esos fondos que obtuvo ilícitamente y que lo mismo podría ocurrir con las personas que estuvieron a cargo del gremio recibiendo esos fondos.

Córdoba reconoció su culpabilidad en la Justicia y hoy en un juicio abreviado fue condenado a un año y nueve meses de prisión en suspenso, al decomiso de los 800 mil dólares y al pago de una multa de 70 mil pesos, pero el Tribunal ordenó que se investigue si otras personas cometieron lavado de dinero. Allí aparece Antonio Caló, jefe de la UOM.

“Conforme los dichos del imputado Córdoba, hasta el mes de diciembre de 2008 tanto él como determinadas autoridades de la misma continuaban recibiendo las indebidas retribuciones por parte del ‘Instituto de Seguros S.A.’ (entre ellas Antonio CALO, Juan Carlos CHUMEN y los miembros del Directorio o Secretariado Nacional)”, explicaron los jueces, que destacaron en mayúscula los apellidos de algunos de esos dirigentes.

“La objetiva gravedad de los hechos denunciados evidenciada por el aparente daño patrimonial a miles de trabajadores de la UOM durante más de veinte (20) años -1987/2008- y el manejo indiscriminado y hasta inmoral de fondos en principio provenientes de delitos, impone al Estado en cumplimiento de sus obligaciones internacionales respecto a todo acto de corrupción, el deber de investigar exhaustivamente tales maniobras, sancionar a sus responsables y recuperar en la medida de lo posible los activos del caso”, concluyeron los magistrados.

El Tribunal también ordenó que sean investigados familiares y empresarios allegados a Córdoba.

Además, los magistrados enviaron su resolución a la Unidad de Información Financiera (UIF), a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a la AFIP, a la Oficina Anticorrupción y a otros organismos “a los efectos que se estime corresponda dentro de sus respectivas competencias”.

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