Política

Scioli en problemas: avanza la denuncia sobre enriquecimiento ilicito presentada por un abogado

El patrimonio del candidato presidencial es parte de una investigación que se lleva adelante en los tribunales de La Plata y está a cargo del juez de garantías Pablo Raele, quien ya ordenó medidas

Scioli-Casa Rosada1

Daniel Scioli evitó durante ocho años hacer pública su declaración jurada, amparado en un decreto de la dictadura militar que les permitía a los funcionarios de la Escribanía General de la provincia repetir siempre el mismo argumento para negar la entrega de información: “No está acreditada la existencia del interés legítimo”.

La negativa se basa en el artículo 4 del decreto provincial 711 de 1981, dictado por el gobernador bonaerense de facto Oscar Bartolomé Gallino.

Pero dos semanas antes de las PASO, la revista Noticias reveló cómo está conformado el patrimonio de Scioli en base a fuentes judiciales y registros públicos.

De acuerdo a los registros de ARBA, la casa de Scioli, La Ñata, está asentada en un terreno de 12.255 metros cuadrados, de los cuales hay 2.291 construidos. Tendría un valor de mercado de 3.900.000 dólares.

A pocos metros del terreno de su casa, se encuentra el gimnasio de La Ñata Football Club, el equipo de fútbol de salón que inventó para participar en el torneo de dicha categoría que organiza la AFA.

Ese gimnasio está en un terreno que pertenece a la firma Capanone SA, una sociedad que Scioli declara como propia y en la cual, mediante aportantes. El valor de ese terreno más el gimnasio ascendería a 2.500.000 dólares.

Pero el patrimonio de Scioli no termina en esas dos propiedades, ya que hay que sumarle la participación que tiene en distintas sociedades y los bienes que las mismas registran.

La más conocida es Capanone SA, de la cual el gobernador tiene el 99,9 por ciento de las acciones y su socio es Oscar Vacca, un amigo de toda su vida, según lo confirmado por Noticias.

El patrimonio de Scioli es parte de una investigación que se lleva adelante en los tribunales de La Plata y está a cargo del juez de garantías Pablo Raele, quien ya ordenó medidas.

Todo comenzó a partir de una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito presentada por el abogado Rafael Velischek.

Entre las medidas que ordenó Reale, hay pedidos de informes a la IGJ (Inspección General de Justicia) y la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. También se solicitaron informes a los registros de la Propiedad Inmueble de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires y a la AFIP.

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