Política

Operación interna: sospechas sobre la autorización de la entrevista de PPT a Lanatta en la cárcel

En un reportaje con Radio del Plata, Patricia Bullrich levantó sospecha sobre el presunto aval oficial provincial que Lanata tuvo que haber conseguido para entrevistar al condenado

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Para entrevistar al condenado Martín Lanatta en la cárcel de General Alvear en la provincia de Buenos Aires, alguien tuvo que dispensar un permiso judicial, pero es una decisión política la que permite la apertura de las puertas del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). La pregunta, entonces, en el círculo de Aníbal Fernández, es: ¿Quién fue?

La autorización pasa por una cadena de mando que comienza en la Dirección de Comunicación del Servicio Penitenciario Bonaerense y que puede llegar hasta el propio ministro de Justicia, miembro de la cartera gubernamental provincial.

En el caso del penal de General Alvear en donde fue entrevista a Martín Lanatta (condenado por el Triple Crimen de General Rodríguez), el director de comunicación, prefecto Gustavo Battista, depende directamente de la Jefatura de Servicio del SPB a cargo de María Florencia Piermarini, según indica la última información provista por la Guía Protocolar provista por el SPB. Lo que no quita además la participación de la Dirección General de Coordicinación, a cargo del Insp. Gral. Claudio Cardo, que también depende de esa jefatura.

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Tanto Piermarini como Cardo responden, además, directamente a la Subsecretaría de Política Criminal de la Provincia de Buenos Aires, organismo cuyo titular es César Albarracín. Albarracín es subordinado directo del ministro de Justicia Ricardo Casal, mano derecha del gobernador y precandidato presidencial Daniel Scioli, a quién este debió defenderlo en más de una ocasión, especialmente contra las embestidas del periodista Horacio Verbitsky por sus políticas provinciales.

Esta complicada red de mando hizo que la diputada nacional Patricia Bullrich planteara este martes, en diálogo con el programa Siempre es hoy, por Radio del Plata, que esta no es una “operación política” contra Aníbal Fernández, sino del propio Gobierno.

“A mí me parece que es una operación del propio Gobierno (bonaerense). Porque si hace la entrevista en la cárcel… Si el Servicio Penitenciario Provincial permite esta entrevista en este tiempo… Yo fui Secretaria de Estado en Política Criminal pero no hubo una entrevista de este tipo que el funcionario político no se entere. El SPB no toma una decisión por sí misma”, opinó.

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Y lanzó: “Entonces, si entra Lanata a la cárcel unos días antes, bueno, miremos la connivencia, las internas curiosas del Frente para la Victoria. Parece que se están tirando con todo, yo apuntaría para ese lado, por mi experiencia. Dejarte entrar a un penal, una semana antes de las elecciones, el Servicio Penitenciario Provincial tiene que haber llamado al Secretario encargado de cárceles del ministerio de Seguridad de la provincia, y éste le tiene que haber dado el ok. Te lo digo porque lo conozco bien”.

Respecto de la presunta autorización judicial adicional, Bullrich dijo: “Si lo autorizó una jueza, el Servicio Penitenciario puede decidir cómo y cuándo. Hay una causa, un financiamiento de campaña que aún no está claro, hay involucrados políticos potenciales en este tema de la efedrina, y esto tiene que ser investigado. Luego, la oportunidad, el momento, si fue una operación, y quién la armó, es una interpretración. Yo no puedo dejar de lado la participación de la provincia de Buenos Aires. Es mi mirada”.

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Y concluyó: “Reconozco que a una semana de una elección es un tema fuerte, que se podría haber hecho en algún otro momento”.

El principal beneficiado por la situación del Jefe de Gabinete es Julián Domínguez, su competencia en las PASO. Según informó Perfil.com, desde el entorno del candidato se muestran entusiasmados por el crecimiento que pueda tener el candidato a días de las primarias bonaerenses. “Aníbal está sacado porque sabe que pierde. Scioli gana con Julián y pierde con él. Vamos a ganar”, reflejaron quienes participan de la campaña.

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