Política

Impulsan pedido para prohibir candidatura de Scioli por no presentar su declaración jurada

Según la ley N° 26.857, el tiempo para presentar su declaración como candidato a un cargo nacional expiró el 3 de julio último. La diputada del PRO Laura Alonso pidió a la Justicia Electoral que no oficialice la precandidatura presidencial. Es el único precandidato presidencial que no dio a conocer su DDJJ

Scioli-Casa Rosada1

El precandidato presidencial, Daniel Scioli, aún mantiene el misterio alrededor de sus bienes, tras estar ocho años al frente de la Provincia, donde enfrentó numerosos pedidos de información que fueron rechazados por sus colaboradores, amparándose en un decreto de la última dictadura militar.

De acuerdo a la ley N° 26.857, los candidatos a cargos electivos nacionales tienen diez días hábiles para presentar su declaración jurada de bienes, a partir de oficializar sus candidaturas. La presentación debe realizarse ante la Oficina Anticorrupción. Los precandidatos presidenciales que compiten de cara a las elecciones generales de octubre cumplieron con este requerimiento a excepción de Scioli, quien está infringiendo la ley ya que el tiempo ya expiró el pasado 3 de julio.

A raíz de esta falta de información, la diputada nacional del PRO Laura Alonso exigió a la Justicia Electoral que no oficialice su candidatura hasta tanto no haga pública su declaración jurada. El ex motonauta es el único de todos los precandidatos presidenciales que no presentó ante la Justicia Electoral el detalle de su patrimonio. 

“Si Daniel Scioli no presenta y publica su declaración jurada, la justicia electoral NO debería oficializar su candidatura. Es la ley!!!”, escribió Alonso en su cuenta de Twitter. E insistió: “Lleguemos a un acuerdo en el #DíaDeLaIndependencia: candidato q NO muestra declaración patrimonial, no lo votamos. Quedamos así?”.

“Es inmoral que haya que ‘mendigar’ la declaración jurada de un candidato q es funcionario hace años. SABER es un DERECHO ciudadano”, continuó Alonso, quien opinó: “El que oculta, siempre algo esconde”.

Entre 2013 y 2014, el diario La Nación cursó tres pedidos de acceso a la información que fueron rechazados por los asesores generales de la gobernación: Samuel Arcuri (ya dejó el cargo) y Gustavo Ferrari. Ante el pedido, ambos funcionarios argumentaron que “no está acreditada la existencia de un interés legítimo” en el pedido del periodismo.

En 2013, el Senado bonaerense aprobó una ley de ética pública, aunque en diciembre último el proyecto perdió estado parlamentario porque la Cámara de Diputados nunca lo trató.

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