Economía

Fantasma de Venezuela: temor de hombres de negocios por el espionaje estatal sobre las empresas

Empresarios de rubros diversos expresaron su desacuerdo por el decreto 1311, publicado ayer en el Boletín Oficial

Cristina_Kicillof

Empresarios de primera línea o gerentes de diversas firmas fueron acusados en los últimos años de diferentes iniciativas por parte de la Casa Rosada, que llegó a juzgar como ataques contra el orden institucional.

Marcelo Mindlin, de Pampa Energía; Eduardo Eurnekian, de Corporación América; Jorge Brito, del Banco Macro; Juan José Aranguren, de Shell; Gabriel Martino, del HSBC, o Rodrigo Saldaña, de Jorge Toselli Inmobiliaria, fueron algunos de los empresarios afectados por estas críticas oficiales, según lo publicado por el diario La Nación.

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En momentos cambiarios tensos, el conflicto incluso se extendió a pequeños ahorristas como Julio Cesar Durán, el famoso “abuelito amarrete”, llamado así por la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, el cual presentó en la Justicia el primer amparo para comprar diez dólares que pretendía regalarles a sus nietos.

Al respecto, un nuevo hecho vuelve a alarmar a la cúpula empresaria, y en este caso fue la publicación de ayer del decreto 1311 en el Boletín Oficial, que incluye entre el universo sujeto a espionaje a quienes intenten desestabilizar el orden constitucional mediante “corridas bancarias y cambiarias, desabastecimientos y golpes de mercado”.

Por eso, empresarios de rubros diversos expresaron su desacuerdo por la medida. Por ejemplo, Jaime Campos, presidente de la Asociación Empresaria Argentina, que agrupa a dueños o máximos ejecutivos de compañías, señaló: “Todos los países del mundo tienen sus sistemas de inteligencia destinados a protegerse de ataques externos. Hoy podríamos agregar al narcotráfico como gran amenaza externa. Pero, evidentemente, hacer inteligencia de los propios ciudadanos argentinos va en contra de todo lo que debería ser un país civilizado”.

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Daniel Funes de Rioja, uno de los vicepresidentes de la Unión Industrial Argentina y líder de la cámara alimentaria Copal, indicó por su parte: “En el principio republicano de división de poderes, corresponde al Poder Judicial investigar estas cuestiones o pedir, si correspondiere y en el caso de que fuere necesario, a los organismos del Poder Ejecutivo, pero nunca autónomamente a los órganos del Estado dedicados a eso”, afirmó.

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Carlos de la Vega, presidente de la Cámara Argentina de Comercio, fue igualmente crítico: “De la medida sólo pude leer algunos títulos que son preocupantes como, por ejemplo, el referido a que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) pueda investigar a empresas para evitar el desabastecimiento. Analizaremos toda la norma para emitir un pronunciamiento.”

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