Corrupción

Coimas en Cerro Dragón y los 50 millones de dólares: el FBI investiga a De Vido

La reapertura de la causa por enriquecimiento ilícito contra el ministro de Planificación, Julio De Vido, y su esposa, Alessandra Minnicelli, no puede caer en peor momento, porque De Vido está en el centro de la lupa en el caso de Cerro Dragón

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La creciente irrupción de la justicia de los EEUU en la corrupción del Estado argentino le está señalando al cristinismo que, aun reteniendo el poder, se debería enfrentar a una ola internacional. Lo fáctico es que la investigación por el supuesto pago de coimas para la concesión del principal yacimiento petrolero del país, Cerro Dragón (Chubut), avanza rápidamente en Estados Unidos y se torna en una de las principales causas judiciales que amenazan la tranquilidad de los actuales altos funcionarios argentinos.

La reapertura de la causa por enriquecimiento ilícito contra el ministro de Planificación, Julio De Vido, y su esposa, Alessandra Minnicelli, no puede caer en peor momento, porque De Vido está en el centro de la lupa en el caso de Cerro Dragón.

La sala IV de la Cámara de Casación consideró que hay graves inconsistencias entre el nivel de vida que presentan los acusados y sus ingresos. Y que entonces deben ser investigados por enriquecimiento ilícito. Los tres integrantes de la Sala revocaron el sobreseimiento que había favorecido a De Vido y Minnicelli. Hicieron lugar así a un pedido de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), que observó importantes irregularidades en el patrimonio del ministro y su mujer.

Ahora la presidente está tomando distintos tipos de medidas para proteger a De Vido, porque la caída de su ministro la golpearía directamente.

La preocupación de Cristina Kirchner es que el caso Cerro Dragó está tomando cierta velocidad.

Todo se inició localmente en el Juzgado Federal de Rodolfo Canicoba Corral, donde cayó sorteada una denuncia de Elisa Carrió acerca de que British Petroleum se habría autodenunciado ante la Bolsa de Valores de Nueva York (la SEC: Security and Exchange Commision) por hechos de corrupción producidos al obtener la concesión por parte de la provincia de Chubut, de la concesión del yacimiento de Cerro Dragón. Aparentemente después de que el año pasado el juez estadounidense Carl Barbier declaró culpable a British Petroleum (BP) del derrame de petróleo ocurrido en el Golfo de México en 2010 habría habido negociaciones entre la justicia de EEUU y los directivos de la firma británica y uno de los resultados fue que estos denunciaron ante la SEC el soborno por Cerro Dragón. Al poco tiempo y con la firma de Roberto Dromi la Unión de Consumidores de Argentina demandó por el tema a la provincia de Chubut ante el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo a cargo de María Alejandra Biotti. En abril del año pasado la SEC le requirió información a Chubut sobre el plazo de la ampliación de la concesión de Cerro Dragón a la concesionaria Pan American Energy, empresa insignia de los Bulgheroni. Cabe señalar que PAE esta integrada por BRIDAS y British Petroleum y que últimamente integraron con el 50 % el capital del grupo chino CNOCC.

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El caso es que, por el “Acuerdo para la Implementación de inversiones hidrocarburíferas en la provincia” firmado por la administración de Das Neves, se extendieron por 30 años las concesiones que tenía PAE en la provincia, es decir, desde el 2017 hasta el 2047. El perjuicio económico de esta maniobra para Chubut sería incalculable. Cerro Dragón extrae el 18% del total del petróleo del país. Este plazo de 30 años excede lo autorizado por la ley 17.319 que además obliga a que las concesiones sean otorgadas por concurso.

En cuanto al cohecho, alcanzaría la suma de U$S 50 millones. Esta cuantiosa suma habría pasado a manos de los funcionarios involucrados mediante el siguiente mecanismo: el pago, por parte de PAE, de aquella suma por la concesión de las áreas petrolíferas secundarias conocidas como Paso Moreno, Nueva Lubeka y CCA Paso de Indios, cuyo valor económico es cero. Luego, mediante un circuito financiero complejo, los fondos habrían pasado de PAE a los funcionarios. Una de las principales operadoras financieras investigadas, la Sociedad de Bolsa Epsilon, está en la mira del fiscal federal Gerardo Policita por su vinculación con el lavado en el caso Báez. Epsilon sacaba dinero del país con destino a Curaçao, paraíso fiscal en las Antillas Holandesas. La intermediaria allí era Morgan, Jackson, Investments & Co. La conexión con Báez está en que Morgan transfería fondos a Teegan, la firma que Federico Elaskar dijo que había fundado para Martín Báez.

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Volviendo a Cerro Dragón, la Provincia de Chubut acaba de presentarse como querellante pidiendo la citación a indagatoria de Mario Das Neves y su entonces jefe de gabinete, Norberto Yauhar.

En este punto entra en juego la hipótesis de si De Vido participó del cobro de los U$S 50 millones. Un memo de FTI Consulting, una de las firmas que investiga el tema y que esta dirigido a uno de los estudios jurídicos intervinientes, Ezequiel Camerini, Fox, Horan & Camerini, apunta directamente al Ministro de Planificación. El memo tiene fecha del 11 de febrero del 2014 y señala que el fiscal del Distrito Este de Nueva York y el FBI de Houston son los que más recursos e interés están poniéndole al caso. Y agrega “su enfoque es sobre Julio De Vido y Mario Das Neves y están convencidos de que hay una serie de intermediarios que han servido de canal de dinero para su enriquecimiento ilícito”.

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En especial se menciona a Randall Clark, del FBI de Houston, como el que lleva la iniciativa de la investigación de la red financiera de la coima y se puntualiza que “los bancos en el centro del enfoque son Wachovia y Commerzbank.

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Otra revelación del memo es que “hay una fiscalía de Nevada investigando una parte de esto, una de Suiza y del distrito sur de Miami, además de la fiscalía del Eastern District de Nueva York”. Las aclaraciones siguen en el revelador memo: “ El caso en si proviene de un whistleblower (informante) de la empresa BP, que hizo una autodenuncia relacionada con la venta fallida de su participación en PAE a los chinos. Ellos denunciaron que sus socios, la familia Bulgheroni, habían participado en un esquema de pagos de coimas a funcionarios del gobierno argentino para obtener la autorización de la venta cuyo valor total era más de U$S 10 BB”. Y continúa: “El informante dijo que además de los pedidos de coima relacionados con esta transacción, todas las licitaciones de áreas de petróleo en el sur eran arregladas para que determinados grupos locales ganaran pagando poco dinero, y luego fueran revendidas a multinacionales a precios de magnitud más cara. Denunció que en estas ventas, parte del dinero volvía para funcionarios del gobierno vía sociedades offshore de paraísos fiscales. Apunto directamente a Julio de Vido y Mario Das Neves como dos de los principales protagonistas de este modus operandi”.

Finalmente el memo concluye: “En el transcurso de la investigación, apareció un segundo informante que ha dado información sobre supuestos negocios ilícitos y lavado de dinero hechos por Lázaro Báez en obras públicas y Cristóbal López con respecto a sus negocios del juego. Esta información se ha añadido a la presentada por el primer informante, ya que se trata de acusaciones sobre los mismos funcionarios y otros alrededor de negocios con el Estado”.

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