Congreso Nacional

En 2015, el kirchnerismo sólo utilizó el Congreso para buscar un blindaje judicial

En el peor inicio de año en cantidad de sesiones, el oficialismo restringió la actividad a los proyectos vinculados con cambios y designaciones en tribunales

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Nunca el Congreso trabajó menos que en estos primeros cinco meses de 2015. Ni siquiera otros años electorales alcanzan a igualar el pobre récord de apenas dos sesiones en la Cámara de Diputados y otras tres en el Senado.

Por decisión de la mayoría kirchnerista, el Parlamento está semiparalizado, salvo para las cuestiones prioritarias del Gobierno, que siempre han tenido que ver con la obtención de un blindaje judicial que resguarde a la presidenta Cristina Kirchner y a sus lugartenientes en los próximos años. De hecho, esta semana convertirá en ley en la Cámara de Diputados el paquete de proyectos más importante en ese sentido.

El oficialismo sancionará una serie de iniciativas que le permitirán sembrar con conjueces y jueces subrogantes afines no sólo los juzgados vacantes, sino también los que están por crearse. Además, se le conferirán nuevas y mayores facultades al titular de la Procuración General, hoy a cargo de Alejandra Gils Carbó, cercana al Gobierno.

Para completar, los legisladores kirchneristas aprobarán la creación de una Cámara Federal de Apelaciones en la pequeña localidad santacruceña de Comandante Luis Piedra Buena (4100 habitantes). Así, todas las causas que tramiten en los juzgados federales de Tierra del Fuego y Santa Cruz ya no irán a parar en apelación a la Cámara de Comodoro Rivadavia, en Chubut, sino a este tribunal por crearse en la provincia natal de los Kirchner. Incluso absorberá causas ya existentes.

Entre ellas, se podrían contar las denuncias contra el empresario kirchnerista Lázaro Báez y, eventualmente, el caso Hotesur, si es que éste finalmente se traslada al Sur como pretende el kirchnerismo.

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El oficialismo quiere aprovechar al máximo estos seis meses que le restan de mayoría en ambas cámaras y que podría perder tras el recambio presidencial. Esto explica el apuro en sancionar, en quince días, este blindaje judicial. En el Consejo de la Magistratura ocurre algo similar: allí, el kirchnerismo tendrá mayoría hasta el 10 de diciembre; la oposición sospecha que en este período los consejeros oficialistas buscarán integrar los 39 juzgados vacantes con abogados y funcionarios judiciales afines.

El nuevo régimen de subrogancias, incluido en el paquete de leyes que se aprobaría este miércoles, le otorga amplias facultades para ello. Entre los puntos más polémicos figuran:

*Discrecionalidad: el régimen actual establece que los jueces subrogantes en los juzgados de primera instancia sean designados por el Consejo de la Magistratura; como prioridad, deben ser cubiertos por un juez de igual competencia en la misma jurisdicción y, si esta condición no se cumple, por sorteo entre la lista de conjueces elaborada por el Poder Ejecutivo. La ley en discusión, en cambio, dispone que los subrogantes sean designados por la cámara del fuero -siempre que se trate de licencias no mayor a 60 días-, pero el Consejo de la Magistratura puede, con sólo la mayoría de sus miembros presentes, “ratificar o modificar” el nombramiento. Se elimina la posibilidad del sorteo. Por si fuera poco, los consejeros podrán designar subrogantes en aquellos juzgados ya creados por ley y que todavía no estén en funcionamiento, como la Cámara Federal de Apelaciones en Comandante Luis Piedra Buena.

“Le estamos dando al Consejo de la Magistratura la facultad, con siete votos, de designar subrogantes en los 39 juzgados vacantes -advirtió el diputado radical Gustavo Valdés, quien también es miembro del Consejo-. Lo que establece esta norma es de una subjetividad enorme. Ésta no será una ley que regule las subrogancias, sino una ley atada a las necesidades circunstanciales del oficialismo.”

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*Conjueces: la nueva ley propone que la lista de conjueces -aplicable a los cuerpos colegiados, como la Corte Suprema y las cámaras- tenga seis años de duración (no tres, como fija la ley actual), con lo que tendrá vigencia más allá de este gobierno.

Además, se propone que la lista se integre no sólo con abogados, sino también con secretarios de la Justicia, sea nacional o federal. Todos ellos deberán contar con la aprobación del Senado, pero, y aquí viene lo polémico, el proyecto oficialista propone que, “para el supuesto excepcional de que no hubiere disponible una lista de conjueces con acuerdo del Senado para aplicación inmediata” de la ley “el Consejo de la Magistratura designará subrogantes de la lista aprobada por el plenario”. Dichos reemplazos durarán 90 días, lapso prorrogable por igual período.

“Éste es un proyecto inconstitucional -asestó el diputado Pablo Tonelli (Pro)-. El Consejo de la Magistratura es incompetente en la materia porque la intervención que el proyecto le confiere viola el principio de división de poderes y las normas constitucionales que fijan el procedimiento para el nombramiento de los jueces. Además, se viola la exigencia de selección mediante concurso público y se habilita la designación de jueces con la sola intervención del Consejo de la Magistratura, sin participación del Gobierno y del Senado.”

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*Se elimina un requisito clave: la ley 26.484 establece que un juez debe dejar transcurrir tres años en el cargo como condición para concursar para otro tribunal. La nueva ley elimina este requisito; para la oposición, el cambio tiene nombre y apellido.

“Se están concursando los tribunales de Casación Penal, y algunos de los candidatos, como el juez Sebastián Casanello -cercano al Gobierno-, no han cumplido con el requisito de tres años para concursar. Con esta ley, estará habilitado”, indicó Valdés. “Ésta es una ley con nombre y apellido -advirtió el radical Manuel Garrido-. Permite el ascenso de jueces sin los 3 años que exige la ley.” Además del nuevo régimen de subrogancias, el “blindaje judicial” incluye una ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, que, a juicio de la oposición, confiere facultades excesivas a su titular, Alejandra Gils Carbó. Esta funcionaria cercana al Gobierno es vitalicia en su cargo, por lo que permanecerá más allá de la actual gestión.

“La nueva ley confiere atribuciones inadmisibles al titular del Ministerio Público”, fustigó Tonelli, y detalló: podrá designar magistrados y empleados en forma unilateral y sin concurso público; cubrir cargos vacantes de forma interina de modo arbitrario; manipular la competencia territorial y funcional de los fiscales a fin de intervenir indebidamente en el curso de las investigaciones que sean de su interés y realizar un manejo antojadizo del presupuesto. “Se le concede una concentración de poder mayúsculo sin que exista ningún mecanismo institucional de supervisión”, advirtió Tonelli.

 

Fuente: La Nación

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