Escándalo en la FIFA

Escándalo FIFA: los empresarios argentinos imputados están prófugos

La Policía los fue a buscar a sus casas pero no los encontraron. Están sospechados de haber incurrido en tres delitos, todos de asociación ilícita

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Los empresarios Alejandro Burzaco, Hugo Víctor Jinkis y Mariano Alejo Jinkis están acusados por la Justicia de Estados Unidos de tres hechos de asociación ilícita vinculados con los sobornos en la FIFA. Así surge de la acusación que los tribunales de Estados Unidos remitieron a la Justicia argentina en la que solicitaron la detención y extradición de Burzaco y los Jinkis.

Los empresarios están imputados por “asociación ilícita para llevar a cabo o participar, a sabiendas, en una extorsión, relacionada con el fraude electrónico y otros delitos, que de algún modo involucran o afectan el comercio exterior o interno”. 

También por “asociación ilícita para idear un plan o artificio con el objeto de defraudar, inclusive el derecho intangible de servicios honestos mediante el uso de comunicaciones electrónicas, radio o televisión con el propósito de llevar adelante dicho plan o artificio”.

Y la tercera es por “asociación ilícita para llevar a cabo o intentar llevar a cabo una transacción comercial con las ganancias de una actividad ilícita”. Para el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi “la pena en expectativa para estos delitos vedan la aplicación de la hipótesis del artículo 316 del Código de forma”, en referencia a la exención de prisión y excarcelación que rechazó.

“No están en sus domicilios”

El magistrado también denegó la exención de prisión de los empresarios porque la Sección Investigación Federal de Fugitivos del Departamento de Interpol fue a sus domicilios y “arrojaron resultado negativo”.

“Además deben valorarse las características de los hechos por los cuales es requerido, el hiato que aparentemente se produjo entre el momento de planificación de los hechos y el de su implementación, sumado a los montos millonarios involucrados en la maniobra y la complejidad de la misma teniendo en cuenta la cantidad de países e instituciones involucradas. Dichas circunstancias sumadas a la capacidad económica del nombrado implican pautas objetivas que permiten presumir que en caso de conceder el beneficio intentado el requerido intentara sustraerse a la acción de la justicia y entorpecer la investigación”, concluyó el juez.

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