Judiciales

Apartaron del Consejo de la Magistratura bonaerense a un juez que avaló la reducción de pena de un violador

Se trata de Benjamín Sal Llargués, uno de los dos magistrados que redujo la condena al violador de un niño

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El Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires separó de ese cuerpo al juez Benjamín Sal Largués, uno de los dos magistrados del Tribunal de Casación penal bonaerense que redujo la condena al violador de un niño, donde desempeñaba una función administrativa.

Fuentes del Consejo, presidido por uno de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, Eduardo Néstor de Lazzari, informaron a DyN que la decisión fue adoptada tras conocerse el fallo firmado por Sal Llargués y el magistrado Horacio Piombo.

“Tenía un cargo administrativo, hacía exámenes que se les toma a los postulantes a cargos en el Poder Judicial”, explicaron las fuentes consultadas, y manifestaron que la decisión, conocida hoy, fue adoptada ayer.

El organismo está integrado por representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, magistrados, abogados y académicos.

La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Sur (UNS), con sede en Bahía Blanca, también prescindió de los servicios como docente de Sal Llargués “en repudio al fallo”, expresó en un comunicado.

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La medida, reportada hoy por el diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, fue justificada por la facultad en un comunicado, en el cual sostuvo que “resulta preocupante que magistrados que, a su vez, son profesores universitarios, interpreten la conducta de un niño víctima de un abuso sexual como una elección libre acerca de su sexualidad”.

La Facultad manifestó su “preocupación” porque los magistrados “evalúan la aplicación de los agravantes y atenuantes del tipo penal de acuerdo con una supuesta orientación sexual de la víctima menor de edad” y sostuvo que “la decisión de los camaristas vulneró los derechos del niño víctima”.

Estudiantes y organizaciones sociales y políticas, en tanto, levantaron la toma del decanato de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, tras lograr el compromiso de las autoridades de esa casa de estudios para analizar el 2 de junio la desafectación de los dos jueces que redujeron la pena al violador de un niño.

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El compromiso fue reflejado en una nota firmada en representación de la universidad por el secretario general, Leonardo González, el prosecretario general Patricio Llorente, y la directora general de Derechos Humanos, Verónica Cruz.

La Fulp y organizaciones sociales y políticas resolvieron marchar el martes a las 17 a la Facultad de Derecho, cuando el Consejo Directivo analice el juicio académico a los dos jueces, y pedirán que mientras se tramite ese proceso sean suspendidos en sus funciones.

El representante de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Amerigo Incalcaterra, advirtió que el fallo de Piombo y Sal Llargués “vulnera” los estándares internacionales y tratados de derechos humanos ratificados por Argentina.

“Los argumentos de la sentencia del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires revictimizan, estigmatizan y discriminan al niño que ha sufrido el abuso sexual y desconocen un derecho fundamental reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño”, expresó Incalcaterra en un comunicado.

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El Foro por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud de la provincia de Buenos Aires reclamó en un comunicado la intervención del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados “para que se active el mecanismo de remoción por causal de mal desempeño” en sus funciones de los dos jueces.

Piombo y Sal Llargués beneficiaron al hombre acusado de violar a un niño de 6 años con la reducción de la pena de 6 años de cárcel a 3 años y 2 meses, por considerar que el menor de edad tenía su “orientación sexual definida” porque había sido abusado antes, por su padre.

El fallo de los magistrados, que afrontan un proceso en el jury de enjuicimiento por una decisión similar en 2011, fue apelado y se encuentra a consideración de la Suprema Corte bonaerense.

 

Fuente: Agencia DyN

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