Política

Diputados aprobó la estatización de los trenes con aval opositor

Tras casi catorce horas de debate y con 223 votos a favor, 5 en contra y 6 abstenciones, la Cámara baja dio media sanción a la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo. El texto original fue votado sin dificultades ya que los principales bloques opositores manifestaron su respaldo a la iniciativa oficial

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El proyecto del Gobierno que busca la estatización de los ferrocarriles fue aprobado pasadas las dos de la mañana en la Cámara de Diputados con 223 votos a favor, 5 en contra y 6 abstenciones.

Según la propuesta del Ejecutivo, la empresa Ferrocarriles Argentinos controlará todas las líneas ferroviarias del país. El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, adelantó que el Estado “decidirá, invertirá y administrará la red de vías” y que estos puntos “no serán objeto de negociación”.

Al hablar en el comienzo de la sesión, la presidenta de la comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, María Eugenia Zamarreño (FPV), aseguró que el Estado puede “gestionar mejor que los privados” los trenes.

La legisladora explicó que a partir de la ley, “Ferrocarriles Argentinos será un holding de empresas compuesta por un operador de cargas, uno de pasajeros y un administrador” y marcó que “la sociedad va a estar dirigida por un directorio de 7 miembros, con 1 representante de los usuarios, propuesto por la oposición”. 

Aplaudida por su propio bloque y público ubicado en los palcos, en su mayoría militantes y miembros de la Unión Ferroviaria, aseguró que el proyecto “tiene que ver con el desarrollo de las economías regionales” y que significa una decisión política “trascendental” de la Presidenta porque “los ferrocarriles no solo son transportes, son historia de pueblos, historias de vida”.

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“Es este gobierno el que cree que nacionalizar los trenes argentinos es seguir construyendo una patria más libre, justa y soberana”, sostuvo por último la diputada.

Los principales bloques opositores (UCR, PRO y Frente Renovador) acompañaron al oficialismo en la votación, pero en los discursos cuestionaron la política ferroviaria del kirchnerismo. El PRO, por ejemplo, aportó una modificación que fue incorporada al texto y está relacionada a la “modalidad de acceso abierto”.

Este cambio implica que se establece la “modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria nacional para la operación de los servicios de transporte de cargas, de modo que cualquier operador ferroviario pueda transportar carga con origen y destino en cualquier punto de la red, independientemente de quien detente la titularidad o tenencia de las instalaciones del punto de carga o destino”.

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“Toda mejora tiene que ser entendida por la oposición como algo que necesitamos todos, como un invento válido de mejorar un desastre”, dijo al respecto Felipe Solá, por el Frente Renovador. “La única política del Gobierno fue subsidiar a las empresas y controlar deficientemente, mientras los usuarios viajaban cada vez peor”, marcó por su parte la radical Patricia de Ferrari.

El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, explicó que Ferrocarriles Argentinos “va a tomar todas las decisiones y la administración del transporte de pasajeros de corta y mediana distancia, y de cargas”. Además, agregó que el Estado será el responsable de “decidir, invertir y administrar la red de vías”, y enfatizó que estos ejes “no serán objeto de negociación”.

Críticas de la izquierda

Durante la sesión, el diputado del Frente de Izquierda Néstor Pitrola aseguró que con la nacionalización “se le está pasando la esponja a la responsabilidad política del Gobierno” por la mala gestión de los privados en los últimos años.

Pitrola, cuyo bloque presentó un proyecto de reestatización alternativo, calculó, en base a cifras que dio la Presidenta a la Asamblea Legislativa cuando abrió el 1 de marzo las sesiones ordinarias, que los concesionarios se robaron en los 12 años que lleva de gobierno el Frente para la Victoria “cinco mil millones de dólares”.

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El diputado de izquierda afirmó que “la Ley Randazzo es una ley privatista” porque “establece una renegociación de contratos y pasa una esponja a 20 años de robo de los concesionarios, como el grupo Cirigliano, responsable de la masacre de Once y el grupo Romero y el grupo Roggio, que formaron parte de la red mafiosa con la burocracia sindical y los funcionarios del gobierno kirchnerista, responsables políticos del crimen de Mariano Ferreyra”.

Por su parte, Claudio Lozano (Unidad Popular), también autor de un dictamen de minoría, calificó el proyecto del Gobierno de “ambiguo” y destacó que “hay que terminar con los contratos de los
actuales operadores privados y establecer las auditorias correspondientes” para encontrar los responsables del desguace ferroviario.

También el diputado insistió en que al proceso el proyecto tendría que incluir al Belgrano Cargas.

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