Política

El polémico punto del proyecto de creación de la Agencia Federal de Inteligencia

Según el proyecto impulsado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, "la totalidad del personal" de la Secretaría de Inteligencia pasaría a la AFI

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El proyecto de ley del Poder Ejecutivo, que propone una reforma integral del sistema de inteligencia, ingresó este viernes al Senado de la Nación y será tratado el próximo martes en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, informaron fuentes oficiales. 

El objetivo del oficialismo es emitir dictamen la semana próxima y aprobarlo en el recinto el miércoles 4 de febrero para luego girarlo a la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva, agregaron a la agencia de noticias Télam las fuentes consultadas.

La oposición en el Senado ya adelantó que rechazará la iniciativa que prevé, entre otros puntos, disolver la Secretaría de Inteligencia y crear un nuevo organismo, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).Según lo adelantado el lunes por la Presidenta, la AFI tendrá un director y un subdirector que, si bien serán designados por el Ejecutivo, deberán pasar por la aprobación del Senado.

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Otro punto de saliente del proyecto es la transferencia del sistema de escuchas telefónicas a la órbita de la Procuración General de la Nación, que conduce Alejandra Gils Carbó.

Una vez creada por el Parlamento, la AFI trabajará en un ámbito concreto de defensa frente a ataques externos o frente a delitos complejos por su globalización, como la trata de personas, el narcotráfico, el ciberdelito, o los delitos económicos.

En tanto, las actividades de inteligencia interna solo quedarán limitadas a la investigación en materia de delitos federales complejos, inteligencia criminal o atentados contra el orden institucional o constitucional que prevé el artículo 36 de la Constitución nacional.

Principales puntos

* Disolución de la Secretaría de Inteligencia.

* Creación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que será encabezada por un director general y un subdirector designados por el Poder Ejecutivo y que deberán obtener el acuerdo del Senado.
* Esos dos funcionarios serán la única vía de acceso a la AFI.

* Su labor estará centrada en la prevención de amenazas internacionales provenientes del terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, ciberdelitos y delitos contra el orden económico y financiero, como así también toda forma de criminalidad organizada en forma internacional.
* Establece que las actividades deberán adecuarse a la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos suscriptos y los que se suscriban con posterioridad y que establezcan derechos y garantías.
* Transfiere a la Procuración General del Sistema de Observaciones Judiciales, es decir las escuchas.

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* Fijará la clasificación de la información obtenida en las categorías Confidencial, Secreta, Reservada o Pública.

* Transfiere a la AFI la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal.

* Creación de los bancos de protección de datos y archivos de inteligencia, que además de proteger la información, deberán destruir aquella que no sirva.
* Aumenta las penas para los que no cumplan por la ley, pasando de tres a diez años de prisión, o sea que no serán excarcelables.

El punto polémico

Según el proyecto que el Poder Ejecutivo envió al Senado, “la totalidad del personal” que formaba parte de la Secretaría de Inteligencia (SI) pasaría a la nueva Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

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Así lo determina en el capítulo 1 del Título II del proyecto, en el que se dispone la disolución de la SI. “Disuélvase la Secretaría de Inteligencia y transfiérase la totalidad del personal, bienes, activos y patrimonio a la Agencia Federal de Inteligencia con excepción de los bienes afectados a la Dirección de Observaciones Judiciales, que serán transferidos al Ministerio Público.”, dice el escrito.

En el mismo punto detalla: “El personal mantendrá sus respectivos niveles, grados y categorías de revista escalafonarios, sin perjuicio de la asignación de nuevas funciones derivadas de los sustanciales cambios previstos en esta ley”. El proyecto fue anunciado luego de la muerte del fiscal Alberto Nisman , que había presentado una denuncia que involucraba a la Presidenta en un presunto pacto para exonerar a los iraníes acusados por el atentado a la AMIA

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