Acuerdo con Irán

Piden comisión investigadora controlada por la oposición: buscan que el peronismo se corra

La UCR presentó un proyecto para crear una comisión investigadora de las negociaciones oficiales y paralelas de la Cancillería argentina en el Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán. Le piden al peronismo que se corra

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“La verdad duele. Pero ningún otro gobierno de la democracia invirtió tanto tiempo y presupuesto en tener servicios para hacer inteligencia interna. Y nosotros se lo hemos permitido”. Así habló uno de los dirigentes del PJ que formó parte de la foto que el Gobierno buscó desesperadamente concretar para mostrar el respaldo del partido de gobierno que garantiza la estabilidad en momentos de crisis institucional. Los Kirchner solo acuden a él cuando se sienten en riesgo, y mansamente, todos acudieron.

El caso Nisman, sin embargo, genera grietas aún dentro de los seguidores de la Presidenta, que habló con  Silvia Mercado, de Infobae: ​”Lo permitimos y lo sufrimos”, dice el hombre que reconoce que es parte del problema. “Nos acostumbramos a vivir con los teléfonos nuestros y de nuestro círculo íntimo pinchados, con intervención de correos electrónicos, con seguimientos de nuestros pasos y los de nuestra familia,saben con quién discutimos y con quién nos acostamos. Cada uno de nosotros es un miserable punto en un sistema que no sabemos a quién responde, y que parece estar absolutamente descontrolado”.

Y aAgrega: “Sé de casos de compañeros que fueron espiados con miras telescópicas dirigidas a los comedores de su vivienda familiar, para conocer también esas conversaciones. O el de la ex pareja de otro, que fue obligada a poner una solicitada diciendo que no tenía relación sentimental con ese susodicho para que la dejaran de perseguir. Así nos fueron domesticando. Es muy poco lo que pudimos hacer. Salvo tener algún que otro gesto de dignidad de vez en cuando, con el que pudimos salvar a alguien de la guillotina. Vivimos en un estado de terror, pero no me hago la víctima. Lo aceptamos para seguir formando parte del sistema”.

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Néstor Kirchner deseaba más que nada armarse de un aparato de inteligencia del Estado para tener controlados a amigos y enemigos, periodistas y empresarios, dirigentes oficialistas y opositores, líderes sociales y hasta consultores económicos. Se conoce desde años el placer que le generaba recibir la información que Francisco “Pacho” Larcher le entregaba diariamente en una carpetita con desgrabaciones de teléfonos intervenidos y el gusto por invertir su tiempo, además, en escuchar esos audios. Quería saber exactamente el tono de esas conversaciones, la impronta de esos diálogos, traducir los silencios y hasta los suspiros.

Ahora entendemos que nuestro ex presidente tenía una ​personalidad paranoica, y el crecimiento de la inteligencia estatal es otro símbolo de su poder: hoy, la Secretaría de Inteligencia es un gigantesco aparato integrado por 7 organismos que no sólo carecen de coordinación, sino que tienen dramáticas disputas internas fomentadas desde la cabeza del poder, para evitar que ninguno mande sobre los otros, bajo el consabido precepto del “divide para reinar”, implementado en todos las oficinas del Estado.

​La Secretaría de Inteligencia, la fortalecida Dirección de Inteligencia del Ejército (con dos centrales de inteligencia, el destacamento 601, cuatro batallones, ocho compañías y quince escuadrones y secciones), la de la Policía de Seguridad Aeronáutica (PSA), la inteligencia de Prefectura, la de Gendarmería, la de Policía Federal, la de la Secretaría de Seguridad, recibieron presupuestos inéditos en la historia, recursos humanos y tecnológicos ultrasofisticados, y la ausencia absoluta de control por fuera de la cabeza del Ejecutivo.

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Nada de esto les permitió saber por adelantado que Sergio Massa se presentaría con lista propia en octubre del 2013, o evitar que el fiscal Alberto Nisman sea asesinado.

​El viernes, el bloque de senadores de la UCR ingresó un proyecto para crear una comisión bicameral investigadora de las negociaciones oficiales y paralelas realizadas por la Cancillería argentina –o cualquier otro organismo del Estado– para realizar el Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán;  las denuncias del fiscal federal para la causa AMIA en torno a los compromisos de impunidad a los acusados que ofreció el gobierno argentino; y la muerte de Alberto Nisman, las circunstancias en las cuales se encontró el cuerpo sin vida, los detalles de los acontecimientos y la actuación de las fuerzas de seguridad intervinientes.

​”Es inaceptable que vuelven a haber muertos por cuestiones políticas”, dice el proyecto firmado por Gerardo Morales, Ernesto Sanz, Laura Montero, Mario Cimadevilla, Juan Carlos Marino, María Teresita Borello y Silvia Elías de Pérez. “La democracia argentina está intoxicada de impunidad. Este gobierno dio todos los pasos para tener una Justicia adicta. La muerte de Nisman es un durísimo golpe a la Justicia independiente y a las garantías constitucionales y trae todavía mayores sospechas sobre el Estado y el Gobierno”, se afirma en sus fundamentos. Por eso, “si esta muerte no se resuelve, si la investigación que llevaba Nisman queda en la nada, la democracia quedará tambaleando”.

​Lo normal es que un proyecto de estas características caiga bajo el saco del imperativo kirchnerista, que manda “no dejarle la iniciativa a la oposición en ningún caso” y “no contestar jamás un pedido de informes de la oposición”, o que termine sucediendo como en 1949, cuando el presidente del bloque opositor, Arturo Frondizi, y otros legisladores radicales, al denunciar torturas a dirigentes políticos y sindicales durante el gobierno peronista propusieran una comisión investigadora, que se aprobó con el nombre de Comisión Bicameral Investigadora de Actividades Antiargentinas, tristemente conocida como Comisión Visca-Decker, que luego, con el respaldo del Ejecutivo, se dedicó a perseguir medios de comunicación, periodistas y dirigentes opositores.

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Los senadores radicales proponen que esta vez  la Comisión Bicameral esté integrada por nueve diputados nacionales y nueve senadores nacionales, designados por el Presidente de cada Cámara en proporción a la representación política de cada una, y que cinco de esos miembros sean de bloques de la oposición y cuatro del bloque oficialista. Además, que sea presidida por un miembro del bloque de la oposición con mayor número de integrantes. Lo que proponen es una Comisión Bicameral controlada por la oposición.

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