Muerte del fiscal Nisman

Gils Carbó presiona a Fein con un jury: busca incriminar a Lagomarsino

Según fuentes de informadorpúblico.com, fue la Procuradora de la Nación quien presionó para que la muerte de Nisman se difundiera como un suicidio, y ahora busca incriminar al experto en informática que le prestó al fiscal la pistola 22 encontrada en la escena

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Hace caso a las encuestas, eso no se puede negar: cuando ayer Argentina se despertó para encontrarse con el repentino cambio de opinión de la Presidenta (que otra vez nos hace llegar lo que piensa a través de Facebook), a muchos les sorprendió la segurdidad con que Cristina Fernández afirma que a Alberto Nisman lo asesinaron.

Sin embargo, sigue mantiendo la misma teoría conspirativa de su primera carta, y todavía responsabiliza a Diego Lagomarsino, Jaime Stiusso, Clarín y La Nación, que supuestamente lo necesitaban al fiscal vivo para denunciar y muerto para implicar al gobierno.

Claro que, como resalta Guillermo Cherashny en informadorpublico.com, la Presidenta no podía dejar pasar la instancia para descalificar a Nisman, diciendo que su denuncia contenía pruebas falsas y que carece de valor jurídico. Un rato después, Sergio Berni, que había metido la pata, cambió y dijo que fue un asesinato y que había que investigar a Lagomarsino, el experto en informática contratado por Nisman que le prestó la pistola 22 con la cual el fiscal cometió el supuesto suicido.

Uno de los motivos para tomar esta decisión fue un aviso de Stiusso de que debía desconfiar de su custodia policial. Después del asesinato aparece en escena la fiscal Viviana Fein, que tiene un pedido de jury ante el Consejo de la Magistratura que, por ahora, la Procuradora Gils Carbó no impulsa.

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La procuradora sí habría usado el pedido para coaccionar a Fein a que dijera primero que era un suicidio o suicidio inducido y que la autopsia así lo confirmaba, y que no habían intervenido terceros.

Lamentablemente, el cerrajero del edificio tiró abajo esas afirmaciones. Gils Carbó le dijo a Fein que allanara el domicilio de Laureano “Toti” Pérez Izquierdo, periodista de Infobae, creyendo que trabajaba en Radio Mitre. Esto hasta que ayer a la mañana el periodista se presentó solo y declaró que allanaron el departamento vecino al suyo y que se llevaron pertenencias de su vecino, en un verdadero papelón.

Siguiendo con las inconsistencias, surgió de inmediato una versión periodística originada en la Procuración General en el sentido de que imputarían a Lagomarsino, el experto en informática contratado por Nisman por 40.000 pesos al mes.

La Procuración, en realidad, estaba interesada en averiguar si Lagomarsino se había excedido de su categoría de monotributista, ya que sus ingresos superaban los 400.000 pesos anuales. Fein le pidió a la jueza de instrucción Fabiana Palmaghini que lo impute por evasión tributaria, pero la magistrada no se deja presionar por Gils Carbó, ya que contaría con el apoyo del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.

Palmaghini le apuntaría más al gobierno nacional que al experto informático amigo de Nisman, que presentó voluntariamente su testimonio y contó que el difunto fiscal le había pedido su pistola, y que se fue por el ascensor principal de su edificio el sábado a la noche con dos mujeres que venían de un piso más alto. Así, Lagomarsino se volvió esencial para la causa y no un imputado.

Según informadorpublico.com, fuentes de inteligencia sostienen que desde el gobierno se sigue pensando en imputar a Lagomarsino para tirarle el muerto y, ya en la cárcel, hacer que el experto sufra un “accidente” y de este modo cerrar el caso con el supuesto asesino muerto.

Para desgracia del gobierno, la opinión pública no creería en la culpabilidad de Lagomarsino, y por eso la jueza no se adhiere a este plan. Aún menos ahora que Jorge Lanata difundió una escucha en donde Yusuf Khalil le dice a Luis D’Elía que se guarde por diez días y éste contesta que Carlos Parrilli, el nuevo Secretario de Inteligencia, le dijo lo mismo.

En la escucha, Khalil lo cita a almorzar a D’Elía en Bompland 1828, donde antes había una verdulería que vendía también empanadas árabes y que cerró a fin de año porque se supone que sus dueños se dieron cuenta de que Nisman los investigaba.

Para mañana, Lanata anunció más escuchas que confirmarán que el fiscal asesinado estaba en la senda correcta imputando a la presidente, al canciller Héctor Timerman, a Andrés Larroque y sus cómplices. Ahora todas las miradas apuntan a la Casa Rosada por su eventual responsabilidad en el asesinato.

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