Acuerdo con Irán

Muy grave: Fiscal de causa AMIA denunció a Cristina por encubrir a Irán y pidió su indagatoria

Además, pidió un embargo preventivo de bienes por la suma de doscientos millones de pesos. Alberto Nisman se basa en presuntas escuchas telefónicas entre agentes de inteligencia argentina y referentes iraníes

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El fiscal especial para el caso AMIA, Alberto Nisman, denunció a la presidente Cristina Kirchner y a otros miembros del Gobierno a quienes acusó de “decidir, negociar y organizar la impunidad de los prófugos iraníes en la causa AMIA con el propósito de fabricar la inocencia de Irán” en la investigación por el atentado perpetrado en Buenos Aires en 1994 y pidió su declaración indagatoria.

La presentación recayó en el juzgado de Ariel Lijo y se basa en escuchas de conversaciones telefónicas entre agentes de inteligencia argentina y referentes iraníes, incluidos el ex agregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires, Moshen Rabbani.

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La denuncia también abarca al diputado de La Campora Andrés Larroque, a personal de la ex SIDE, a Luis D’Elía y a Fernando Esteche, líder del grupo Quebracho.

En la presentación, Nisman denuncia que el Gobierno ideó un “sofisticado plan delictivo” destinado a favorecer a Irán y desvincular definitivamente a los sospechosos que son buscados por la Justicia argentina.

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Pedido de embargo

En una dura denuncia de casi 300 páginas, Nisman, acusó y pidió la declaración indagatoria y un embargo preventivo de bienes por la suma de doscientos millones de pesos de la Presidente de la Nación, Cristina  Kirchner, de su Canciller Héctor Timerman, del diputado Andrés Larroque, de personal de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación, de los dirigentes Luis D’Elía y Fernando Esteche, del ex fiscal federal y ex juez de instrucción Héctor Yrimia, y del referente comunitario iraní, Jorge “Yussuf” Khalil, por ser autores y cómplices del encubrimiento agravado de los acusados iraníes por el atentado terrorista contra la AMIA, hecho ocurrido el 18 de julio de 1994 y calificado judicialmente como crimen de lesa humanidad y genocidio.

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Además, la acusación abarca otros delitos conexos, como estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

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