Caso Lázaro Báez

Testaferro K en la mira: denuncian a Lázaro Báez por presunto uso de facturas truchas

La diputada Margarita Stolbizer fue quien inició la causa en la Justicia. Las claves de una estafa millonaria.

lazaro baez

El empresario Lázaro Báez deberá afrontar un nuevo frente judicial. Tal vez el que más teme el socio presidencial. El escándalo por el supuesto uso de facturas falsas para evadir impuestos millonarios o camuflar sobornos llegó ayer a los tribunales federales de Retiro. La diputada Margarita Stolbizer denunció a Báez por este hecho ante el juez federal Sebastián Casanello. Lo hizo en base a la documentación revelada por el diario Perfil entre el 19 de octubre y el 21 de diciembre.

Entre las pruebas, hay elementos contables sobre la supuesta maniobra de Austral Construcción y una empresa proveedora de facturas falsas. Esos documentos incluyen facturas, cheques, certificados, balances y declaraciones juradas que revelan cómo operó la nave insignia de Báez junto a Grupo Penta y Calvento, dos empresas de Bahía Blanca. Ambos proveedores son investigados desde hace más de tres años por la AFIP como usina de facturas truchas, pero el avance contra Grupo Penta -la que más facturó a Báez- en el órgano recaudador se demora. 

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Báez admitió en un escrito ante Casanello un contrato con el proveedor Calvento. Dice que la subcontrató para locación de equipos y transporte. Esa empresa es la única de las compañías de los grupos Ficcadenti y Ferreyra que por ahora es considerada por la AFIP como fantasma.

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Había sido creada por Silvio Ficcadenti. “A pesar de la envergadura de los trabajos cuyas facturas exhibían los clientes de Calvento (entre las que se encontraban Austral Construcciones SA y Constructora Patagónica SA), el proveedor no tenía empleados registrados, carecía de maquinarias y no tenía gastos que pudieran justificar los trabajos que facturaba”, dice la denuncia de Sotlbizer. Lo mismo habría sucedido con Grupo Penta, hasta que cayó en manos de la AFIP y Báez habría salido a rescatar la empresa ante el organismo. Incluso, a pesar de estar fundida, la firma comenzó a pagar una moratoria de $ 500 mil mensuales. Pero luego del escándalo, quien aportaba el dinero dejó de pagar.

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Además, Grupo Penta no declaraba empleados, carecía de bienes y no tenía cuentas por cobrar. En 2009 dijo a la AFIP que facturó unos $ 300 mil en total, pero otra constructora declaró que le pagó más de un millón de pesos. La misa operatoria sucedió al año siguiente.

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