Suspensión de Campagnoli

Analizan el juicio político a Gils Carbó

Si los datos analizados en este informe cayeran en saco roto Gils Carbó sería penalmente responsable de promover la interrumpipción de una investigación decididamente importante

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Muchas investigaciones de fiscales fueron la base de impecables notas periodísticas. En este sentido, la nota de Hugo Alconada Mon demuestra la profundidad de la pesquisa que realizaba el ahora suspendido fiscal federal José María Campagnoli y condiciona a quien se encuentra a cargo.

De hecho, si estos datos cayeran en saco roto, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, sería política y penalmente responsable toda vez que con el cambio que ella inspiró, reclamó y promovió, se habría interrumpido una investigación decididamente importante para el interés colectivo.

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Extractado del informe realizado para Lanacion.com de Hugo Alconada Mon

No es necesario rastrear sociedades y cuentas bancarias alrededor del mundo para comprender la simbiosis entre el empresario Lázaro Báez y el matrimonio de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Basta con revisar la contabilidad de sus hoteles en Santa Cruz.

La conclusión es elocuente: siete empresas de Báez firmaron acuerdos retroactivos con Valle Mitre SA, la empresa que gerencia los hoteles de la familia Kirchner, que le garantizaron a la pareja ganancias millonarias durante más de dos años.
Para eso, el 90% de las facturas que emitió esa gerenciadora se destinaron a Austral Construcciones y otras firmas de Báez, que les aseguraron a los Kirchner la supuesta ocupación de un tercio de sus habitaciones durante años. Sin importar que fuera temporada alta o baja.
El dato cobra relevancia si se tiene en cuenta que esta semana fue suspendido el fiscal José María Campagnoli por investigar movimientos de dinero del zar de la obra pública patagónica.
A tal punto llegaron esos convenios, que las empresas de Báez se comprometieron a pagar a Valle Mitre SA una cantidad prefijada de 935 habitaciones por mes en el hotel Alto Calafate, por ejemplo, con una tarifa en dólares más baja, pero que debieron abonarse sí o sí, aunque no usaran las habitaciones, según corroboró LA NACION, al revisar la facturación durante meses junto a seis expertos antilavado y tributarios que prefirieron mantener sus nombres en reserva.

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