Suspensión de Campagnoli

Campagnoli sumó a Gil Lavedra como parte de su defensa

La suspensión no es apelable; juntos evaluaron ir a la Corte y ahora buscan alternativas

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El equipo que trabaja en la defensa de José María Campagnoli enfrenta un panorama complicado. El fiscal fue suspendido, la decisión que lo suspendió no es apelable y dentro de los próximos diez meses le harán un juicio que podría terminar con su destitución. Ese juicio, oral y público, lo llevarán adelante los mismos siete jurados que ayer lo suspendieron.

Anteayer, casi a la medianoche, Campagnoli se reunió en su casa con su grupo de trabajo más cercano para planear la estrategia judicial que lo devuelva cuanto antes a su fiscalía. Su abogado, Ignacio Irigaray, llegó con el fallo y estuvieron hasta la madrugada. Ayer por la tarde se sumó a la defensa el radical Ricardo Gil Lavedra, que será, de ahora en más, quien coordine el equipo que defenderá a Campagnoli.

La primera opción que evaluó el fiscal fue ir directo a la Corte Suprema con un per sáltum para que el máximo tribunal lo reponga en su cargo. Con el paso de las horas, esta idea fue perdiendo fuerza.

Otra opción es intentar un amparo ante un juez de primera instancia. Y una última alternativa podría ser presentarse ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que es el tribunal que la ley prevé para revisar la sentencia final del jury.

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Como la ley establece que la suspensión no es apelable, ningún camino es fácil. Además, los antecedentes no son buenos para Campagnoli. Hasta ahora, la Justicia se negó siempre a revisar las suspensiones dispuestas por el Tribunal de Enjuiciamiento.

En cuanto al juicio político que se avecina, Campagnoli debe ofrecer ahora sus pruebas. Una fuente del tribunal dijo a LA NACION que la próxima audiencia será en febrero. Entonces, se definirán cuáles son las pruebas admitidas para que se presenten ante el jury. El proceso, que será oral y público, todavía no tiene fecha.

Lo que sí se definió es el nombre de los fiscales que serán la contraparte de Campagnoli y actuarán como sus acusadores. Son Marcelo García Berro, de San Martín, y Adolfo Raúl Villate, de Rosario. Los eligieron por sorteo.

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Campagnoli fue el primer fiscal que impulsó la investigación contra Lázaro Báez. Lo hizo de oficio (sin haber recibido ninguna denuncia) menos de 24 horas después del programa de Jorge Lanata que dio a conocer el caso con los “arrepentidos” Leonardo Fariña y Federico Elaskar. De acuerdo con su jefa, la procuradora Alejandra Gils Carbó, Campagnoli avanzó abusando de su poder, invadiendo esferas de otro fiscal a sabiendas de que era incompetente y “poniendo en serio peligro el avance de la persecución penal”. Con estos argumentos, ella lo acusó de “mal desempeño” y pidió su suspensión.

La ley del Ministerio Público establece que sólo la sentencia final del jury es apelable ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Es decir, la que remueve o repone al acusado. El resto no.

La defensa de Campagnoli piensa, de todos modos, que podría atacar la suspensión alegando que fue una decisión arbitraria, que le genera un gravamen “casi irreparable” al fiscal y que no es posible que nadie la revise.

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Intentar el per sáltum directo tendría una ventaja indudable: la rapidez. Pero no es fácil que la Corte se avenga a tratar un per sáltum cuando se trata de una medida cautelar. El propio fallo del tribunal dice que la suspensión tiene un plazo: “Hasta la finalización de esta instancia”; es decir, hasta que lo repongan en el cargo o lo destituyan.

Además, el máximo tribunal debería dar por acreditado que existe un caso federal y que hay “gravedad institucional”. Sólo así abriría este camino de carácter excepcional. Un abogado de Campagnoli admitía anoche que es una idea que está casi abandonada.

Ya no descartan una última opción: soportar la suspensión sin ir a la Justicia. “Vamos a pensarlo bien. No vamos a apurarnos”, dijo un hombre del equipo de la defensa. Por lo pronto, se reunirán hoy para seguir estudiando el caso.

La Nación

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