La pelea con los holdouts

Desde el Gobierno niegan cambio de jurisdicción y hablan de “cambio de sede de cobro”

En conferencia de prensa, el ministro de Economía criticó al juez de Nueva York Thomas Griesa y apuntó contra los holdouts. "Quédense tranquilos los argentinos, hemos pagado todo", aseguró, en rechazo al default

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El ministro de Economía, Axel Kicillof, y el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini, aclararon hoy que el proyecto de ley de Pago Soberano Local no implica ni un nuevo canje, ni un cambio de jurisdiscción ni de legislación de los bonos de la reestructuración, sino una modificación de sede de cobro.

Kicillof y Zannini -quienes brindaron una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda, junto con la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona- dieron precisiones sobre el proyecto de ley anunciado anoche por la presidenta Cristina Fernández y destacaron que la sentencia del juez neoyorquino Thomas Griesa “es incumplible” y que los Fondos Buitre “nunca quisieron negociar”.

El proyecto propone, entre otras cosas, a Nación Fideicomisos como nuevo agente fiduciario para el pago a los bonistas y abre una cuenta en donde se depositarán los interés a los tenedores de bonos defaulteados que no entraron en los canjes del 2005 y 2010. 

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“El punto central de esta legislación es algo que contempla el contrato que es que ante un impedimento por una obstrucción o alguna dificultad para el cobro por parte de los acreedores, se puede modificar el canal de pago”, puntualizó Kicillof en referencia a la propuesta de reemplazar al Banco de Nueva York (BoNY) por Nación Fideicomisos.

Al respecto, el funcionario destacó que “esta es una atribución tanto del Gobierno como de los propios acreedores” y aclaró que “el Poder Ejecutivo presenta una propuesta de canal de pago que nosotros consideramos que está a salvo de obstrucciones”, en referencia a Nación Fideicomisos, “pero los propios bonistas pueden convocar a una asamblea proponer otro canal de pago distinto”.

“El BoNY fue bloqueado” por el juez Griesa, puntualizó el titular del Palacio de Hacienda y “la Argentina lo que está haciendo es buscar una solución para que los bonistas puedan cobrar”, a partir del vencimiento del 30 de setiembre, en donde la Argentina deberá desembolsar alrededor de 200 millones de dólares.

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Respecto de la “sede de cobro” y tras reiterar que el proyecto no propone un cambio de jurisdicción, es decir que mantiene la legislación neoyorquina o galesa, Kicillof destacó que los tenedores de bonos reestructurados pueden optar y solicitar que se le reemplace los bonos por otros títulos emitidos en la Argentina.

“Si algún bonista considera que dada estas dificultades (por el bloqueo dispuesto por Griesa) la jurisdicción de Nueva York no es la mejor, puede concurrir y conseguir bonos en la Argentina. Esto es un cambio de sede de cobro”. Al ser consultado sobre si el cambio de sede no podría disparar la cláusula de aceleración -que le permitiría a los tenedores de bonos argentinos reclamar el pago inmediato de todas las emisiones hechas por el país- Kicillof señaló que probablemente los Fondos Buitre lo intenten, pero sostuvo que “ningún país puede pagarla, para eso existen los bonos”.

“Decir que la Argentina no quiere pagar es un chiste de mal gusto”, expresó el titular del Palacio de Hacienda, quien destacó que la Argentina intenta “enmendar el incendio financiero que dejó el default de 2001”, que fue originado “con bonos que se emitieron en 1994”.

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Por su parte, Zannini -quien destacó que este Gobierno es el único que envió temas de deuda externa para que los resuelva el Congreso, “como indica la Constitución”- sostuvo que “lo nuevo de esta ley es que la Argentina no sólo va a pagar la deuda reestructurada, sino que va a hacer el depósito al 100 por ciento” de los acreedores, incluyendo al 7,6 por ciento que no entró en la reestructuración.

“Esta ley no declara la apertura de un nuevo canje”, afirmó Zannini, quien destacó el carácter de “opcional” que tiene la emisión de nuevos títulos en caso de solicitud de los acreedores. También afirmó que el proyecto de ley reafirma “el poder soberano de la Argentina y su voluntad de cumplimiento de los contratos firmados”.

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