Ley Antiterrorista

De qué se trata la Ley Antiterrorista

La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que le aplicará la norma sancionada en 2011 por "alterar el orden económico y financiero"

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La presidenta Cristina Kirchner anunció que aplicará la ley antiterrorista a la empresa Donnelley que cerró esta semana y que implicó el despido de 400 empleados. Pero, ¿de qué se trata la famosa Ley Antiterrorista? A continuación te lo contamos

La Ley Antiterrorista (26.734) fue aprobada en el Congreso y promulgada por Ejecutivo en diciembre de 2011, en el marco de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para evitar el lavado de dinero como fuente de financiamiento del terrorismo internacional, según argumentó el Gobierno. 

Uno de los principales cambios de la norma es la derogación del artículo 213, incisos tercero y cuarto del Código Penal, incorporados en 2007, que penaba la participación en una asociación ilícita destinada a generar terror en la población y el financiamiento de organizaciones terroristas, respectivamente.

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Incorpora como agravante de todos los delitos del Código Penal su comisión con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.
Luego aclara que las agravantes no se aplicarán cuando “los hechos que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”.

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“Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo. Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”, establece el artículo 3 de la ley 26.734.

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Además, agrega el artículo 306 al Código Penal que establece que será “reprimido con prisión de cinco (5) a quince (15) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que directa o indirectamente recolectare o proveyere bienes o dinero, con la intención de que se utilicen” para “financiar la comisión de un delito” o una “organización delictiva”.

Por otra parte, la norma habilita a la Unidad de Información Financiera (UIF), manejada por el Poder Ejecutivo, a disponer el congelamiento de activos con el único requisito de comunicárselo a la Justicia.

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