Bonos en default

¿Demandas a funcionarios? Cristina Kirchner mandó al país al default sin respaldo jurídico

El desacato del fallo de Griesa podría tener consecuencias legales para los funcionarios que intervinieron en la toma de decisiones que culminaron con el default argentino

sábado 2 de agosto de 2014 - 7:32 am

El Gobierno nacional podría tener serios problemas legales si se determina que las acciones que tomó en la pelea judicial con los fondos buitre y el juez Thomas Griesa fueron llevadas a cabo sin el debido respaldo jurídico.

Por ejemplo, Cristina Kirchner nunca pidió autorización al Congreso para mandar el país al default, eso podría costarle un juicio penal por incumpliendo los deberes de funcionario públicos, lo mismo que al ministro de Economía Axel Kicillof y al director nacional de la Oficina de Crédito Público.

Está claro que el kirchnerismo no le dio ninguna intervención al Poder Legislativo y recién después del default la Presidenta dijo ayer que todas las decisiones las someterá a consideración de diputados y senadores. El argumento del oficialismo es que no hay default porque giró el pago del último vencimiento de la deuda.

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Pero hay otro problema aún más grave y es la sospecha de que Kicillof y Cristina actuaron incumpliendo los procedimientos legales necesarios para respaldar la decisión de incumplir el fallo de Griesa y enviar al país al default. Al menos, hasta ahora el Gobierno no ha hecho pública esa información, y es probable que aparezca fuera de término.

Para tomar una decisión de semejante complejidad como es incumplir un fallo internacional -desacato-, se necesitan dictámenes jurídicos de la Procuración del Tesoro de la Nación y de la Secretaría de Legal y Técnica del Ministerio de Economía que respalden las acciones. No se trata de un mero trámite administrativo sino un exhaustivo análisis de las consecuencias legales y jurídicas que podrían derivar de cumplir la sentencia.

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En este caso, la Procuración debió haber explicado en términos jurídicos y legales el argumento que Kicillof utilizó para justificar el incumplimiento: la activación de la cláusula RUFO. Se trata de un argumento muy discutido, que generó opiniones encontradas y el Gobierno debió estar respaldado por un dictamen jurídico. Todos estos actos debieron tener respaldo legal, de lo contrario podrían haber sido tomados arbitrariamente.

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Además, la oficina debería haber argumentado por qué se enviaba sólo el dinero para los holdins cuando había una orden judicial de pagar también a los holdouts.

Así las cosas, los funcionarios que tomaron estas decisiones sin respaldo administrativo ni legal podrían ser acusados por delitos como incumplimiento de los deberes de funcionario público, mala praxis y violación de la ley de administración financiera.

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