Boudou ante la Justicia

Las penas que enfrentará Boudou de ser declarado culpable en la causa Ciccone

El viernes a la noche, el vice de Cristina Fernández de Kirchner fue procesado por "cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública"

lunes 30 de junio de 2014 - 8:11 am

La situación del vicepresidente, Amado Boudou, frente a la Justicia es por de más de comprometida. La decisión del juez Ariel Lijo de procesar al vicepresidente pone en riesgo no sólo su carrera política, sino también su libertad.
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El funcionario está acusado de cometer los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. Cohecho es lo que coloquialmente se entiende como soborno o coima, que está tipificado entre los artículos 256 a 259 del Código Penal y condena tanto al que lo otorga como al que lo recibe.

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Específicamente se acusa a Boudou de incurrir en la conducta penada por el artículo 256, que condena con penas de uno a seis años e inhabilitación perpetua para ejercer un cargo público al “funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones”.

El otro delito esta enmarcado en el artículo 265, y reprime al “funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en cualquier contrato u operación en que intervenga por razón de su cargo”.

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La pena que establece esta última normativa es de dos a seis años de reclusión o prisión, y una inhabilitación de tres a diez años para ejercer un cargo público.

Diego Pirota, el abogado defensor de Boudou, señaló este sábado que “no sorprende” el procesamiento dispuesto por el juez Lijo pero se quejó de que “no había necesidad de que fuera a las 11 de la noche”.

El viernes a la noche, el vice de Cristina Fernández de Kirchner fue procesado por “cohecho pasivo y negociaciones incompatibles”, cuando no se encontraba en el país puesto que debía cumplir compromisos oficiales.

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Pirota mostró su enojo ante la medida judicial, en declaraciones a Radio America: “No me sorprende nada de lo que dice la resolución.” Y agregó: “El juez Lijo sacó una resolución de 333 hojas. Está claro que no necesitaba escuchar nada”.

El abogado sostiene que el apuro del magistrado en su decisión final se debe a que “el propio vicepresidente pidió ese día al mediodía ampliar su indagatoria. Mediante un escrito, Pirota le propuso al magistrado esta ampliación para el próximo 4 de julio a “a fin de relatar algunas cuestiones que resultarán de interés para la investigación”.

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