Trenes

La Corte Suprema le solicitó al Gobierno un servicio “digno” en el Sarmiento

El máximo tribunal de Argentina anuló la decisión de la Sala III de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal

miércoles 25 de junio de 2014 - 7:57 am

Ayer, la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto fallos que rechazaban dos recursos de amparo que le exigían al Gobierno y a los prestadores del servicio ferroviario, un servicio digno y equitativo para los usuarios de las líneas Mitre y Sarmiento.
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“La Constitución Nacional obliga a los prestadores de servicios públicos a brindarles un trato digno a los usuarios y consumidores; significa que se deben adoptar medidas para que sean atendidos como una persona humana con dignidad”, sostuvieron los jueces en el fallo que anuló la decisión de la Sala III de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal.

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El máximo tribunal del país estableció que la causa sea analizada nuevamente por la misma Cámara y obligó a la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), a la Secretaría de Transporte y a las empresas que continuaron con el servicio que prestaba la ex Trenes de Buenos Aires (TBA) a mejorar las condiciones en los dos ramales.

“El deber constitucional de seguridad en el transporte de pasajeros es un valor que debe guiar la conducta del Estado y de las organizaciones que se vinculen con la vida o la salud de las personas. Obliga a los prestadores de servicios públicos a cuidar la vida y la salud de sus habitantes, ricos o pobres, poderosos o débiles, ancianos o adolescentes, expertos o profanos”, fundamenta la Corte.

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Los fragmentos resumen el espíritu de la decisión sobre la causa que arribó al máximo tribunal en 2010. Aunque recién ayer tuvo el fallo favorable para los usuarios.

La causa data de 2001, y ésta caratulada como “Unión de Usuarios y Consumidores contra Estado Nacional, Secretaría de Transporte sobre proceso sumarísimo”.

En el expediente la Unión había solicitado que se condene a TBA “a cesar en la práctica que viola el principio de uniformidad con que deben prestarse los servicios públicos” para que los pasajeros reciban un trato equitativo.

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La acusación surgía de la afirmación de que los usuarios del ramal Once-Moreno contaban con un servicio inferior a quienes viajaban entre Retiro y Tigre, también concesionado a la misma empresa.

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