Mariano De Vedia

Drogas: documento de la Iglesia

La Iglesia alertó ayer sobre la “creciente tolerancia social” frente al consumo de drogas y denunció la “ausencia histórica y estructural del Estado” en la atención de una grave problemática que afecta a toda la sociedad. La Comisión Nacional sobre Drogadependencia, dependiente del Episcopado, advirtió que “no hay que criminalizar al adicto” y que el problema de la adicción tiene una magnitud “alarmante”. “Con total naturalidad, hoy se admite que los chicos se droguen en la calle y en las plazas, y algunos identifican la venta de drogas con cualquier trabajo legítimo”, dijo el presidente de la Comisión de Pastoral Social del Episcopado, monseñor Jorge Lozano, al presentar el documento No criminalicemos al adicto. “Antes daba vergüenza ser narcotraficante. Hoy se justifica esta actividad ilícita y se argumenta que si uno no lo hace, lo hace el otro”, denunció monseñor Lozano, acompañado por el padre Pepe Di Paola, uno de los principales referentes de los llamados curas villeros, que atienden diariamente a innumerables jóvenes afectados por el consumo del paco y por otras adicciones. El padre Pepe, que realiza hoy su acción pastoral en las villas de José León Suárez, citó al papa Francisco, quien al inaugurar en 2008 un centro de rehabilitación de adictos en la villa 21-24, de Barracas, advirtió que “la sociedad anula a las víctimas de las drogas y las hace sobrantes”. “Más allá de los avances significativos en materia de inclusión social en los últimos tiempos, notamos que falta mucho”, dice el documento, al plantear crecientes urgencias. Y añade: “Quienes viven al margen de la sociedad muchas veces buscan salidas alternativas para satisfacer sus necesidades básicas. Por ello nos conmueve y vemos con dolor que muchos jóvenes son empujados a la marginalidad, al sálvese quien pueda y como pueda, a la ruptura de los vínculos con su familia, a la violencia, al delito, a la droga”. “Hoy la sociedad no alcanza a proponer a los jóvenes un ideal de vida, un proyecto de futuro”, dijo el obispo Lozano, al explicar que el problema es transversal y afecta a distintos sectores sociales: “Falta garantizar el acceso a una vivienda digna, a una educación adecuada y a una atención de la salud”. El titular de Pastoral Social observó, además, signos de contradicción en la sociedad: “Hay un mensaje verbal de tolerancia frente al consumo y, al mismo tiempo, una actitud de marginación a los adictos, se los relega”. La comisión episcopal expresó que la despenalización del consumo de drogas, planteada en los proyectos legislativos del año pasado, fue el fruto de “un análisis apurado y superficial” y llamó a una prevención a través de una acción educativa, para que “aquellos que aún no entraron en contacto con las drogas o estén en un camino de iniciación no terminen pensando que son inocuas”.

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La Iglesia alertó ayer sobre la “creciente tolerancia social” frente al consumo de drogas y denunció la “ausencia histórica y estructural del Estado” en la atención de una grave problemática que afecta a toda la sociedad. La Comisión Nacional sobre Drogadependencia, dependiente del Episcopado, advirtió que “no hay que criminalizar al adicto” y que el problema de la adicción tiene una magnitud “alarmante”.

“Con total naturalidad, hoy se admite que los chicos se droguen en la calle y en las plazas, y algunos identifican la venta de drogas con cualquier trabajo legítimo”, dijo el presidente de la Comisión de Pastoral Social del Episcopado, monseñor Jorge Lozano, al presentar el documento No criminalicemos al adicto.

“Antes daba vergüenza ser narcotraficante. Hoy se justifica esta actividad ilícita y se argumenta que si uno no lo hace, lo hace el otro”, denunció monseñor Lozano, acompañado por el padre Pepe Di Paola, uno de los principales referentes de los llamados curas villeros, que atienden diariamente a innumerables jóvenes afectados por el consumo del paco y por otras adicciones.

El padre Pepe, que realiza hoy su acción pastoral en las villas de José León Suárez, citó al papa Francisco, quien al inaugurar en 2008 un centro de rehabilitación de adictos en la villa 21-24, de Barracas, advirtió que “la sociedad anula a las víctimas de las drogas y las hace sobrantes”.

“Más allá de los avances significativos en materia de inclusión social en los últimos tiempos, notamos que falta mucho”, dice el documento, al plantear crecientes urgencias. Y añade: “Quienes viven al margen de la sociedad muchas veces buscan salidas alternativas para satisfacer sus necesidades básicas. Por ello nos conmueve y vemos con dolor que muchos jóvenes son empujados a la marginalidad, al sálvese quien pueda y como pueda, a la ruptura de los vínculos con su familia, a la violencia, al delito, a la droga”.

“Hoy la sociedad no alcanza a proponer a los jóvenes un ideal de vida, un proyecto de futuro”, dijo el obispo Lozano, al explicar que el problema es transversal y afecta a distintos sectores sociales: “Falta garantizar el acceso a una vivienda digna, a una educación adecuada y a una atención de la salud”.

El titular de Pastoral Social observó, además, signos de contradicción en la sociedad: “Hay un mensaje verbal de tolerancia frente al consumo y, al mismo tiempo, una actitud de marginación a los adictos, se los relega”. La comisión episcopal expresó que la despenalización del consumo de drogas, planteada en los proyectos legislativos del año pasado, fue el fruto de “un análisis apurado y superficial” y llamó a una prevención a través de una acción educativa, para que “aquellos que aún no entraron en contacto con las drogas o estén en un camino de iniciación no terminen pensando que son inocuas”.

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